Hace dos décadas se difundieron detalles respecto a la problemática que arrastran los países latinoamericanos en los renglones de economía y educación. Los pormenores de esa realidad se registraron en el “Informe sobre las Políticas Nacionales de Educación: República Dominicana”, en un foro realizado por la entidad Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde los gobiernos de 30 naciones democráticas han estado trabajando conjuntamente para afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización.
Explicaba que las reformas del sistema educativo, la formación y el desarrollo de los recursos humanos forman parte integrante de una economía de mercado y que en esa dirección la República Dominicana realizó progresos en todas estas áreas desde que empezaron las reformas en 1990.
Este reporte, que figura en la biblioteca virtual, ofrece una historia de la educación dominicana, poniendo de relieve las direcciones clave tomadas para fortalecer las reformas a la luz de los desafíos afrontados por los funcionarios, las comunidades, las empresas, los educadores, los padres y los estudiantes bajo condiciones muy dinámicas.
Detalla que la reforma del sistema educativo es una prioridad para la República Dominicana “como respuesta a la presión de la mundialización y las exigencias de la sociedad del conocimiento”.
En los detalles de base preparados por las autoridades nuestras se hicieron recomendaciones específicas de cómo se podrían generar políticas sistémicas vinculándolas con las prioridades en materia de acceso y equidad, gobierno, liderazgo escolar, evaluación de los estudiantes y el uso eficiente de los recursos.
En una publicación del año 2015 dada a conocer en el 2018, la OCDE reseñaba que, en el nivel de desempeño, el 86% de los estudiantes dominicanos se encuentra por debajo del nivel 2, que es el mínimo considerado para un alumno estar preparado para desempeñarse en la sociedad del conocimiento. Ese informe arrojaba, además, que la República Dominicana ocupa el último lugar a nivel a nivel mundial en las áreas de ciencias y matemáticas y el lugar numero 66 de 72, en el área de lectura.
El sistema educativo local ha tropezado con obstáculos que impiden su desarrollo y el avance sostenible de la enseñanza básica, sobre todo en las escuelas públicas. El principal escollo es la politización de las escuelas con docentes y dirigentes gremiales que responden a los lineamientos de los partidos políticos y que se pasan años tras años torpedeando el año escolar con paralizaciones de las clases. Eso es un factor del bochornoso bajo rendimiento que registran las aulas públicas, independientemente de otros factores sociales, profesionales y familiares.
Tiene sentido lo dicho por Acción Empresarial por la Educación (Educa), que favoreció la despolitización del sistema educativo dominicano, a fin de poder revertir los funestos resultados de la Evaluación Diagnóstica 2022 y, en ese contexto, plantea varias acciones, tales como reformar las funciones y composición del Consejo Nacional de Educación (CNE); que el nombramiento de los cargos docentes y administrativos sea por concurso de oposición a cargo de una entidad independiente, así como suspender el pago a todos aquellos funcionarios, incluyendo a los docentes, que se ausenten de sus labores por un máximo de 30 días. Precisó que los bajos niveles exhibidos en la evaluación de los estudiantes son el reflejo de problemas estructurales que han persistido a lo largo de los últimos 30 años.
Desde su óptica, Educa considera que despolitizar la educación implica no solo alejar los intereses partidarios y oportunistas, sino también “evitar las prácticas privatizadoras que socavan los intereses corporativos de un sindicato que ha desarrollado una cultura de exigir prebendas sin entregar nada a cambio”. De manera implícita, se refiere a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), un gremio que, al parecer, no le importa el destino del aprendizaje educativo nacional y cuyos principales directivos responden a los caprichos de sus fracasados líderes políticos. Es la posición emitida también por diferentes sectores, incluyendo varios medios de comunicación.
Dice que la Asociación Dominicana de Profesores ha incumplido con el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, el cual contempla la no suspensión de la docencia, ni la alteración del calendario escolar y considera que el gremio debe repensar su plan de lucha, a fin de evitar que los escolares sigan perdiendo el pan de la enseñanza. Es correcta esa reflexión.
Sin embargo, el sindicato se defiende de la acusación asegurando que el bajo desempeño escolar que tienen los estudiantes de las escuelas públicas en matemáticas y otras materias, “se debe a la falta de una buena gestión desde el Ministerio de Educación”.
Es una defensa torpe y, además, política que nadie cree. Sabemos cuáles son sus reales objetivos. Muchos profesores tienen culpa de esa patética situación que se repite de forma continua. Ese razonamiento se evidencia por sus bajos niveles académicos de algunos, comprobados en los procesos de evaluación que se han realizado los últimos años para optar por cargos docentes.
La verdad es que tenemos un sistema educativo clientelar, politizado y en deterioro. El articulo 63 de la Constitución dominicana establece que “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”.
Hay que acabar con la politización del sistema educativo dominicano y todos los demás obstáculos existentes, si queremos salir del atolladero cognitivo que padecemos, para que nuestros estudiantes puedan desarrollarse y formarse como profesionales competitivos. Es una tarea que compete a todos.
mvolquez@gmail.com
(El autor es periodista residente en Santo Domingo, República Dominicana).
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