Redacción (RT.com).- Colombia se mantiene en vilo mientras las autoridades redoblan sus esfuerzos para encontrar a cuatro niños de una comunidad indígena que están desaparecidos desde hace 18 días, tras un accidente aéreo en las selvas amazónicas del departamento del Caquetá.
Hasta el momento solo han sido recuperados los cadáveres de tres adultos del total de siete tripulantes de una avioneta Cessna 206, siglas HK 2803, que cubría la ruta entre Araracuara –en el departamento de Amazonas– y San José del Guaviare, capital de la entidad homónima.
Las Fuerzas Militares desplegaron un contingente de más de cien uniformados, como parte de la Operación Esperanza, desarrollada para seguir el rastro de los menores de edad por aire y tierra y dar con su paradero.
Ante la gran expectativa generada en el país por encontrar a los pequeños, desde principios de semana ha habido informaciones confusas y encontradas sobre este caso. El propio presidente colombiano, Gustavo Petro, tuvo que borrar un tuit que había publicado, basado en una información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF) que afirmaba que los niños «habían sido hallados con vida y gozaban de buena salud».
El hallazgo de los cuerpos
Aeronáutica Civil, organismo estatal que controla las actividades aéreas, confirmó el pasado jueves que fueron recuperados los cuerpos de tres personas. Los nombres de los fallecidos son: Magdalena Mucutuy Valencia, perteneciente a la etnia muinane y madre de los cuatro niños extraviados; Hermán Mendoza Hernández, líder indígena del pueblo Uitoto y Hernando Murcia Morales, piloto de la aeronave.
Los cadáveres fueron llevados al municipio de San José del Guaviare, en la entidad homónima, y entregados a Medicina Legal para que realice los procedimientos correspondientes.
La avioneta, según publicó la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC), fue encontrada con la ayuda de un grupo de personas de las comunidades originarias de esa región.
¿Qué se sabe de los niños?
Hasta el momento ha trascendido que los menores son cuatro hermanos de 13, 9 y 4 años y 11 meses, cuya madre falleció en el siniestro.
Las Fuerzas Militares han publicado en sus redes imágenes con los hallazgos. El más reciente corresponde a unas huellas encontradas cerca de un riachuelo. La zona exacta no ha sido divulgada.
Días atrás, las autoridades compartieron en sus redes fotos de restos de frutas, un biberón, unas tijeras y un refugio improvisado hecho con vegetación selvática. Sin embargo, no se tiene más información.
Los uniformados también publicaron un video en el que se escucha una grabación con la voz de Fátima, la abuela de los pequeños, quien les pide a los niños que se mantengan en el mismo lugar para ser encontrados.
Por su parte, Bienestar Familiar –en un comunicado publicado en pasado miércoles– asegura que tiene información de que una comunidad habría tenido contacto con los menores. «Dicho reporte manifestó que habían sido hallados con vida y que también gozan de buen estado de salud», detalla el texto.
Con base en ese reporte, el instituto alertó al presidente sobre el supuesto hallazgo, pero como las Fuerzas Militares no han confirmado la veracidad de esta versión, no puede establecerse como oficial.
La información que maneja ICBF fue desmentida por Edwin Paky, uno de los miembros de la comunidad indígena que ha participado en las labores de rescate, quien dijo a Caracol Radio, que se trató de un malentendido.
«A los niños no los han visto«, agregó.
Según explicó, los puestos de salud de Cachiporro –en el departamento de Vaupés y fronterizo con el de Guaviare– se comunican con los otros por radioteléfono, lo que causa que la recepción de los mensajes sea deficiente. Por ello, se interpretó que los niños había sido avistados, cuando se trataba de los integrantes del equipo de búsqueda.
Paky aseveró que el radio de búsqueda es de unos 30 kilómetros a la redonda, en plena selva amazónica, por lo que no hay asentamientos de personas que hubieran podido ver a los menores.
Las reacciones
En las redes, las distintas organizaciones indígenas han manifestado su pesar por los fallecimientos y expresado su preocupación por las condiciones riesgosas en que los habitantes de comunidades apartadas deben desplazarse.
La OPIAC ha hecho varias publicaciones por el fallecimiento de Hernández, líder indígena de esa organización, que declaró duelo de los pueblos originarios y comunidades de la Amazonía colombiana.
Las condolencias expresadas también fueron para Mucutuy Valencia, perteneciente al resguardo indígena de Puerto Sábalo, en el Caquetá.
Las familias Mendoza Hernández y Mucutuy Valencia emitieron un escrito para rechazar «la desinformación y el manejo mediático» que se le ha dado al proceso de búsqueda, recoge Semana.
En el texto piden «respeto» a los medios de comunicación y entidades públicas y privadas, «por la condición de vida y las falsas expectativas que se han divulgado en los últimos días».
Asimismo, solicitan «solidaridad con la decisión de guardar silencio y tramitar el dolor desde la intimidad», mientras que las causas del siniestro son investigadas.
Los reclamos
Este accidente ha puesto sobre la mesa la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la violencia, producto de la presencia de los grupos armados en sus territorios, lo que genera el desplazamiento forzado de sus miembros. Del mismo, han quedado en evidencia las difíciles condiciones para realizar los traslados a otras zonas.
Pocos días después de la desaparición de la avioneta, ocurrida el 1 de mayo, se conoció que el padre de los niños, Manuel Ranoque, habría huido del Araracuara, en el Caquetá, por supuestas amenazas hechas por las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), recoge Noticias Caracol.
Según este reporte, Ranoque habría enviado dinero a su esposa para que saliera junto a los pequeños del lugar donde se encontraban para reunirse. Por ello, se contrató el servicio de una aeronave para volar hasta San José del Guaviare, desde dónde partirían a Bogotá, a casi 400 kilómetros de distancia.
La familia de las víctimas también han alertado al presidente y a Aeronáutica Civil sobre la situación de la infraestructura aérea en la la Amazonía. «Muchos de los pueblos indígenas nos vemos obligados a hacer uso de aeronaves y pistas sin las condiciones mínimas de seguridad, con altos costos», escribieron.
Por su parte, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) también pidió en una misiva que las autoridades brinden una «información adecuada, oportuna y técnica» a la Mesa Permanente de Concertación», una instancia de diálogo entre las comunidades originarias y el Estado, para «evidenciar las causas de los hechos ocurridos que originaron el siniestro«, con la finalidad de «identificar soluciones ante las condiciones de inseguridad y ausencia efectiva de transporte aéreo en los territorios».
Este organismo también exhorta al Congreso a «generar un debate de control sobre las acciones y omisiones del Estado colombiano sobre la garantía del derecho fundamental a la libertad de locomoción (…) en condiciones de seguridad, sin tener que exponer la vida«, en sitios de difícil acceso.
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