Nueva York (Estados Unidos).- La subsecretaria general de la ONU para los Derechos Humanos, Ilze Brands Kehris, presentó este viernes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU una serie de violaciones de las garantías fundamentales cometidas en Nicaragua del 15 de diciembre de 2022 a la fecha, y pidió la liberación del obispo de Matapalga, Rolando Álvarez, y otras 36 personas.
La actualización oral, que siguió al informe sobre el tema presentado ayer por el Grupo de Expertos sobre ese país, destacó la liberación el 9 de febrero de 222 personas que habían sido detenidas arbitrariamente en prisiones o arresto domiciliario para su traslado a Estados Unidos en un vuelo pagado por ese país. El gobierno de Nicaragua afirmó que se trataba de deportaciones y acusó a esas personas de traición a la patria, despojándolas de su nacionalidad y privándolas de sus derechos civiles y políticos.
Según informaciones de la Oficina de la ONU, también se habrían eliminado del registro civil nacional sus partidas de nacimiento.
Brands Kehris se refirió en particular al caso del obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, que se negó a ser deportado y fue enviado a prisión junto con otras 36 personas que continúan privadas de libertad en el contexto de la crisis sociopolítica.
El 10 de febrero, el obispo fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel por traición a la patria, despojado de su nacionalidad nicaragüense y privado de por vida de sus derechos políticos. Su abogada no fue informada con antelación y, aparentemente, la sentencia fue dictada sin juicio previo.
El 15 de febrero, Nicaragua declaró “traidores a la patria” a otras 94 personas sin juicio previo, despojándolas así de su nacionalidad y sus bienes, y determinó que eran “prófugas”. Entre las personas afectadas hay activistas de derechos humanos, periodistas, activistas y dirigentes sociales y políticos, en el exilio y en Nicaragua.
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