Mi observatorio
Es totalmente inaceptable la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo que buscaría penalizar con una contribución especial obligatoria de sus ingresos a la población para atender, asistir y proteger a las víctimas de tráfico ilícito de migrantes.
La manutención de las víctimas de trata y objeto de tráfico ilícito de migrantes en República Dominicana recaería sobre la ciudadanía, según establece un proyecto de ley depositado en el Senado por el Poder Ejecutivo.
La pieza, depositada el 12 de diciembre de 2022, establece que «toda persona jurídica o entidad deberá pagar una Contribución Especial obligatoria en base a sus ingresos, para la atención, asistencia y protección a las personas identificadas como víctimas de tráfico ilícito de migrantes».
Las personas jurídicas o entidades con ingresos de cero pesos hasta un millón de pesos aportarán 150 pesos, mientras que quienes tengan ingresos de un millón de pesos hasta ocho millones aportarán 450 pesos.
Personas o entidades con ingresos entre ocho millones y 20 millones de pesos aportarán 1,500 pesos; las que tengan ingresos de 20 millones hasta 50 millones aportarán 9,000 pesos, las que tengan ingresos de 50 millones hasta 100 millones de pesos aportarán 27 mil pesos y las que tengan ingresos superiores a 100 millones aportarán 78 mil pesos.
Los montos serán indexados anualmente, según el índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Banco Central, o lo que es lo mismo, los niveles de inflación.
La legislación advierte que la contribución establecida es de carácter obligatorio para toda la persona jurídica e institución pública o privada domiciliada en el territorio dominicano, amparada en cualquier régimen fiscal, independientemente de que perciban o no beneficios.
La contribución podrá ser deducida de la renta bruta de las personas jurídicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Código Tributario.
ld.santamaria52@gmail.com
(El autor es periodista residente en Monte Plata, República Dominicana).
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