Santo Domingo (República Dominicana).- “Que no se sigan haciendo políticas para nosotros sin nosotros”, fue la expresión constante en el “Foro nacional sobre el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad: Avances, Retos y Desafíos”.
La frase retumbo con frecuencia en las ponencias y debates por considerar que, a pesar de la existencia de legislaciones para garantizar el derecho, el cumplimento las disposiciones en favor de las personas con discapacidad (PCD) está rezagado.
Ante esa realidad reclaman que no se adopten políticas de gobierno sino de Estado como forma de asegurar la continuidad de las acciones oficiales en favor de ese conglomerado de ciudadano que por mandato constitucional deben ejecutarse a fin de garantizar sus derechos.
En la actividad se reclamó que la institución rectora de las políticas estatales de discapacidad no esté en manos de un titular de escritorio porque la realidad en que viven las personas con discapacidad se conoce en el terreno y no en una oficina.
Organizado, por la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (Asodifimo), la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (Fenadid), la Fundación Dominicana de Ciegos (FDC) y Dominican Access, el foro analizó los avances, retos y desafíos de la convención entrada en vigencia el 3 de marzo de 2008 en República Dominicana.
En su intervención, Bernardo Montero, presidente de la Fundación Dominicana de Veteranos con Discapacidad (Fundovedisc), resaltó que el 70 por ciento de las PCD están desempleadas, a pesar de que una ley les reserva una cuota en las empresas privadas y las instituciones de gobierno.
Manifestó que otra de las situaciones no resueltas es la relacionada al transporte ya que la mayoría de vehículos para ese uso en el país no cuentan con facilidades de abordaje que les garanticen la movilidad sin dificultades.
Cónsona con ese planteamiento, Olga Altman, asistente técnica en Inclusión de la Discapacidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), expresó que, a pesar de lo logrado, quedan muchas tareas pendientes para garantizar que las PCD tengan las mismas oportunidades que los demás ciudadanos.
Mientras, Miguel González, director FDC, se quejó de los obstáculos que aún enfrentan para acceder a los servicios de las instituciones financieras, a pesar de que estas entidades cuentan con sistemas que harían más fácil la vida a ese segmento de la población.
Adis Ozuna, gerente general Dominican Access, evidenció la vulnerabilidad ese grupo ya que los datos del PNUD revelan que el 92.4 por ciento de las PCD entre los 5 y los 21 años está fuera de la escuela y solo 9.8 de las sin discapacidad afronta esa situación.
De du lado, Sugey de Jesús Yves, presidenta de la Alianza Femenina por la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Afedis), recordó que el mundo no es completamente accesible pero la convención nos convoca a hacerlo inclusivo para todos por lo que es hora de pasar del discurso a la acción para no dejar a nadie rezagado.
Al presentar las conclusiones de las discusiones, Modesto Elías Parra, coordinador nacional de Asodifimo, destacó el trabajo y unidad de las organizaciones de personas con discapacidad para lograr la inclusión de ese segmento de ciudadanos.
Enfatizó en la necesidad de no desfallecer en su propósito de lograr la plena incorporación de las PCD a los fines de poder alcanzar el nivel de bienestar económico y social al cual tienen derecho como ciudadanos con facultades para aportar al desarrollo del país.
Objetivo del foro
En el foro, las diferentes entidades y la participación de entes oficiales retomaron los procesos encaminados para la elaboración del próximo informe ante el Comité de seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), así como el informe sombra por parte de la sociedad civil paralizados tras la aparición de la pandemia del Covid-19.
Con los debates se inició la elaboración del informe que presentará en 2023 desde el Estado Dominicano y la sociedad civil del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
El objetivo fue aunar esfuerzos desde el Estado y la sociedad civil para continuar impulsando el cumplimiento del acuerdo en el país, consensuar propuestas y sus indicadores de acatamiento con la meta de dar mejor seguimiento al impacto de la implementación de la Convención.
Comentarios sobre post