Redacción (BID).- La trata de personas es un delito complejo, de difícil detección, que afecta a casi 50 millones de personas, según las estimaciones globales de esclavitud moderna para el año 2021, lo que representa un incremento de 10 millones de personas en los últimos cinco años. De esos 50 millones de personas, 27.6 millones son obligadas a trabajar en contra de su voluntad y 22 millones están en un matrimonio forzado. Además, se estima que la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas y una de cada cuatro víctimas es menor de edad. Los trabajadores migrantes son hasta tres veces más vulnerables a ser víctimas de trabajo forzoso.
En América Latina y el Caribe, al inicio de la pandemia se anticipaba que la crisis económica, social y sanitaria iba a aumentar la vulnerabilidad de ciertas poblaciones a ser víctimas de trata de personas. Si bien la trata se volvió aún más clandestina durante la pandemia, datos preliminares muestran que en algunos países esta aumentó (principalmente el reclutamiento y la explotación local).
Las víctimas sufrieron más violencia y estigma y tuvieron más dificultades para acceder a servicios fueron mujeres, niños y niñas, que ya constituían la mayoría de las víctimas de trata identificadas en la región (87% en Centroamérica y el Caribe y 75% en Suramérica), y están entre las poblaciones con mayor vulnerabilidad, junto con personas refugiadas y migrantes.
El Quinto Diálogo Técnico de Trata de Personas, realizado en Washington, D.C. el 25 de octubre de 2022, permitió escuchar de primera mano los avances, experiencias y retos para el abordaje de este delito por parte de las instituciones de seguridad y justicia, así como iniciativas del sector privado.
3 factores clave del sector de seguridad y justicia para enfrentar la trata de personas
Durante el evento representantes de la fiscalía, policía, justicia y ministerios rectores de la trata de Argentina, España, Estados Unidos, Perú, y Trinidad y Tobago, coincidieron en señalar tres factores clave para el fortalecimiento de la capacidad estatal para prevenir y responder a la trata de personas[1]:
1. Las unidades especializadas en trata de personas contribuyen a mejorar la prevención, atención a víctimas e investigación. Las unidades especializadas en las policías realizan funciones clave como la concientización ciudadana, prevención, detección e identificación de casos, rescate a víctimas, detenciones, así como la investigación, en su calidad de policía judicial. Intercambian información estratégica que se convierte en operativa. Su rol es muy importante para poner en conocimiento posibles casos de trata, pues muchas víctimas no son conscientes de la explotación y/o no se identifican como tal. Por su parte, las fiscalías especializadas pueden dar mayor calidad y celeridad a los procesos al poner en práctica técnicas especiales de investigación, mejorando la recabación de la prueba y la construcción de los casos. Sus funciones también incluyen la realización de iniciativas especiales como los Equipos Conjuntos de Investigación. Al contar con personal con conocimiento y habilidades especializadas y un mandato específico en el tema, estas unidades también se coordinan mejor entre sí, al interior de un país, y entre países, como es el caso de la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados en Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM). Esta instancia de colaboración informal entre los Ministerios Públicos Fiscales en investigaciones transfronterizas entre dos o más países genera mayor calidad en la investigación y protección a las víctimas, contribuyendo a la reducción de la impunidad por este delito.
. Es fundamental contar con un enfoque centrado en la víctima. Esto significa que los operadores del sector puedan entender el trauma vivido y las consecuencias que la trata genera en la víctima y cuenten con la empatía y las habilidades para identificar dos elementos centrales de este delito: la coerción y la vulnerabilidad. Generar un caso y llevarlo exitosamente a juicio no debería considerar únicamente como objetivos la detención y puesta a disposición de la justicia a los tratantes, sino también la liberación de la víctima y el mejoramiento de su situación. Esto pasa por facilitar el acceso a servicios de apoyo inmediato, en coordinación con proveedores, como la contención emocional, así como suplir necesidades básicas como alimentación, alojamiento, asistencia legal y atención médica. En el mediano plazo, el enfoque centrado en la víctima debe considerar el empoderamiento hacia la independencia, incluyendo el acceso a formación y oportunidades para la reinserción laboral. Es importante considerar que las necesidades pueden ser más acuciantes para las víctimas con mayores grados de vulnerabilidad, como los menores de edad, a quienes se debería facilitar la entrevista única en cámara Gesell como prueba anticipada para evitar su revictimización. También a las personas migrantes, a quienes algunos países otorgan estatus migratorios especiales durante y después de la investigación, repatriaciones seguras en los casos en los que las víctimas así lo deseen y protección a sus familias en el país de origen.
. La cooperación y coordinación interinstitucional dentro de cada país y entre países es indispensable para dar una respuesta integral y oportuna. Además de la coordinación propia que debe existir entre los operadores del sector de seguridad y justicia, también debe haber un sistema de derivación a los proveedores de servicios. Adicionalmente debe haber una comunicación fluida con otras agencias del estado, como los institutos de la niñez, los ministerios e inspecciones del trabajo y las unidades de migración. Esta coordinación se hace aún más urgente cuando la trata ocurre en contextos complejos como lugares fronterizos o de difícil acceso, en connivencia con otros delitos del crimen organizado (como la tala y minería ilegal), y afectando a víctimas vulnerables como niños y niñas de comunidades nativas e indígenas. La sensibilización sobre los riesgos y modalidades más comunes de explotación, la generación de una cultura de denuncia y la realización de operativos preventivos para detectar tempranamente los casos en lugares de captación o tránsito, funcionan mejor cuando cuentan con la participación de las autoridades de todos los países involucrados.
¿Por qué es clave que el sector privado esté involucrado en el combate de la trata de personas?
En la discusión sobre trata de personas representantes del sector privado como Walmart, del gobierno de Guatemala, organizaciones internacionales, de la sociedad civil y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), discutieron sobre las motivaciones y el rol clave que puede cumplir el sector privado en la prevención e identificación de casos de trata de personas[2].
1. Existen incentivos de negocio para que el sector privado cree capacidades para luchar contra la trata de personas. Los valores y principios empresariales de dignidad del empleado, y los principios rectores sobre las Empresas y Derechos Humanos, son el punto de partida para muchas empresas. Sin embargo, existen otros incentivos relacionados con el desempeño financiero directo e indirecto de un negocio. El tener una empresa libre de trata de personas mejora el ambiente interno de trabajo, la productividad, previene la ocurrencia de otros delitos del crimen organizado, disminuye la responsabilidad penal de que un crimen sea cometido en los establecimientos de un negocio y, sobre todo, incrementa la buena reputación de la empresa. Clientes, en su mayoría jóvenes, buscan cada vez más empresas sostenibles, que puedan asegurar que sus productos sean libres de trabajo forzoso. A la vez, los inversionistas también requieren que las empresas en las que invierten cumplan con estándares ambientales, sociales y de buena gobernanza. En cuanto a la importación de productos, la tendencia de las regulaciones mundiales incluye un enfoque de derechos humanos, donde es obligatorio reportar violaciones y se impide la entrada de bienes que son producto de trabajo forzoso. Otro incentivo importante para las empresas radica en la oportunidad de colocar sus productos en mercados domésticos que establecen como estándar que la cadena de suministros sea libre de trata de personas. Finalmente, las empresas PYME en ciertos sectores valoran adoptar buenas prácticas contra la trata como una estrategia para proteger sus negocios desde una perspectiva comercial, legal y ética.
. Crear y mantener alianzas estrategias con el sector privado es clave para la lucha contra la trata de personas. Es necesario involucrar a todos los sectores de la sociedad en la lucha contra este delito. En especial, el sector privado es pieza clave para la prevención e identificación de casos de trata de personas. Las empresas en ciertos sectores, como el transporte o turismo, están expuestas al riesgo de ser utilizadas como espacio idóneo por los tratantes. El acceso territorial que tienen las empresas privadas, sobre todo en zonas alejadas y fronterizas, y la llegada a un gran número de personas son puntos estratégicos para lograr un verdadero impacto en la lucha contra este flagelo. Construir las capacidades de las empresas es clave, ya que su influencia en la comunidad y en su misma fuerza de trabajo les da una posición única para luchar contra este crimen.
. Las empresas junto con el sector público y organizaciones de la sociedad civil han implementado iniciativas para combatir la trata de personas. En la industria de venta minorista la empresa Walmart realiza auditorías basadas en reportes internacionales para entender dónde se encuentra el mayor riesgo de trata en la cadena de suministros. Walmart pide reportes a sus proveedores en materia de reclutamiento de trabajadores migrantes para intentar asegurar que éstos no sean víctimas del trabajo forzoso. En la industria del turismo, “The Code” (Código de conducta para la protección de los niños contra la explotación sexual en los viajes y el turismo) es una iniciativa multisectorial que busca brindar conciencia, herramientas y apoyo a la industria de viajes y turismo para prevenir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA). En República Dominicana, UNICEF logró que 63 empresas de turismo, incluyendo hoteles y taxis adhirieran a un código de conducta contra la explotación de niñas y niños, y que cuatro compañías de telecomunicaciones se unieran la iniciativa “We Protect” para la prevención de violencia por medio de soporte técnico en línea y campañas de concientización. En Guatemala se lanzó la estrategia “Viajando Libre de Trata”, que, con la coordinación de la empresa de transporte más grande del país, capacitó al personal de conducción y de venta de boletos para identificar víctimas de trata de personas. En México, una alianza entre la organización Sin Trata, el Consejo Ciudadano de CDMX, la UNODC y la empresa UBER capacitó a conductores para detectar y reportar anónimamente posibles casos de trata. Estas iniciativas son clave para empezar a definir buenas prácticas que puedan ser replicables por empresas en otros sectores.
Este encuentro abrió la oportunidad de anunciar los gobiernos subnacionales ganadores del concurso Gobernarte 2022 – Premio Pablo Valenti de tres países de la región. Estos fueron el “Programa Seguridad Inteligente para prevenir el delito de trata de personas desde las representaciones sociales” de la Provincia de Tucumán en Argentina, los “Protocolos de prevención y atención para Trata de Personas” de la Ciudad de Medellín y la “Prevención de Trata en Comunidades Educativas de Pereira: Incidencia de la Organización Juvenil” presentada por la Alcaldía de Pereira, Colombia, en alianza con la Universidad Libre.
Posterior al Diálogo, se realizó el Primer Taller de Trata de Personas en ALC en el marco del proyecto Modelo de fortalecimiento de capacidades institucionales del sector seguridad y justicia para responder a la trata de Personas en ALC con enfoque de género y abordaje del ámbito digital, con la participación de representantes de los 14 países miembros y socios estratégicos. Dicho taller incluyó sesiones de trabajo sobre el contenido de las guías de actuación regional para la prevención, protección y atención a víctimas, y persecución, que se están desarrollando en el marco del proyecto. También hubo intercambios sobre los avances y retos de los países, de plataformas de atención a víctimas y experiencias de transversalización de género y el abordaje digital, y un acercamiento a la experiencia de los Estados Unidos en la prevención y respuesta a la trata de personas, tanto desde el sector público (State Department, Department of Homeland Security and Department of Justice) como desde las organizaciones de la sociedad civil (Polaris, Sanctuary for Families e Innocents at Risk).
La trata de personas es un delito complejo y de difícil detección, por lo que el abordaje multisectorial y las alianzas estratégicas con el sector privado se vuelven indispensables para mejorar su prevención, atención a víctimas y persecución. Desde el BID, seguimos trabajando para fortalecer la capacidad estatal de las instituciones de seguridad y justicia de la región para que la respuesta a este crimen sea integral y oportuna, y con un enfoque centrado en la victima.
[1] En el panel de fortalecimiento de la capacidad estatal para prevenir y responder a la trata de personas participaron Colleen Phillips, Abogada Litigante en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos; María Alejandra Mángano, Fiscal co-titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) del Ministerio Público Fiscal de Argentina; Paola Hittscher Angulo, Fiscal Provincial de la Fiscalía Especializada en delitos de Trata de Personas de Loreto del Ministerio Público Fiscalía de la Nación del Perú; Luis Mayandía Fernández, Jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional Española y Kimoy Thomas-Williams, Directora Adjunta de la Unidad contra la Trata del Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago. El panel fue moderado por Nathalie Alvarado, Coordinadora del Clúster de Seguridad Ciudadana y Justicia de la División de Innovación para Servir al Ciudadano del BID.
[2] En el panel de alianzas estratégicas con el sector privado participaron Sandy Recinos, Secretaria Ejecutiva de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas (SVET) de Guatemala; Kendra Gregson, Asesora Regional en Protección de la Infancia de UNICEF; Mariana Ruenes, Directora de la organización Sin Trata de México; Serena Grant, Jefa de Relacionamiento con el Sector Privado de la Walk Free Foundation de Australia; y Anbinh X. Phan, Directora de Asuntos Globales Gubernamentales y Diplomacia Empresarial de Walmart. El panel fue moderado por Isabel Berdeja, Oficial de Género, Diversidad e Inclusión de la División de Servicios de Asesoría del BID Invest.
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