Santo Domingo (República Dominicana).- Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, denunció este jueves la falta de voluntad del Congreso Nacional para modificar la Ley de Régimen Electoral y la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
De acuerdo con la entidad, la Junta Central Electoral (JCE) realizó un aporte valioso, presentando propuestas muy bien fundamentadas para la modificación de la Ley Electoral y de Partidos.
Desde inicio del año, los actores políticos y sociales, junto a representantes de la JCE, se sentaron a discutir las reformas del sistema electoral en el marco del Consejo Económico y Social (CES).
El coordinador general del movimiento cívico, Joseph Abreu, precisó que ya fue entregado un informe de resultados de las mesas de diálogo, sin que el Congreso Nacional le haya asignado la urgencia que merece, frente a la inminencia de un proceso electoral que ya muestra indicios de precipitación.
«En la contienda electoral pasada, fueron evidentes y reconocidas las dificultades para hacer operativa las leyes electorales y de partidos, las cuales, claramente, no cumplieron su cometido en aquellos aspectos sustantivos de la cultura político electoral. Es importante mencionar que algunos artículos de las referidas leyes han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional», expresó Abreu en rueda de prensa.
Algunos artículos de las referidas leyes han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional», por lo que instó a la modificación de ambas leyes.
Abreu recordó que ya fue entregado un informe de resultados de las mesas de diálogo, sin que el Congreso Nacional le haya asignado la urgencia que merece, «frente a la inminencia de un proceso electoral que ya muestra indicios de precipitación».
Los partidos «son instrumentos fundamentales en la consolidación y profundización del funcionamiento democrático de la Nación, y a su vez instituciones claves de representación», pero «cuando las regulaciones no son suficientemente eficientes, preventivas y sancionadoras, se producen serias distorsiones en el sistema político y se afecta la equidad, la transparencia y la legitimidad, valores fundamentales de la democracia», expresó.
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