Santo Domingo (República Dominicana).- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) sometió la justicia, ante el Tribunal Superior Administrativo, a varios funcionarios públicos por presunta falta grave en el ejercicio de sus funciones, al incrementarse el salario y otros beneficios, en violación a la Constitución y a la ley general de salario, número 105-13.
El sometimiento fue depositado bajo la modalidad de recurso contencioso administrativo, en demanda en nulidad del incremento salarial y otros beneficios, incluyendo la devolución de todos los beneficios y dineros «recibidos ilegal e inconstitucionalmente» hasta la fecha.
Los abogados de la FJT, Henry Adames y César Noboa, reiteraron que la Constitución establece la imposibilidad de aumentarse el salario y citaron el Artículo 140: «Regulación incremento remuneraciones. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley».
La instancia fue interpuesta en contra de Rafael Aníbal Velazco Espaillat (ex superintendente y expresidente del Consejo de la Superintendencia de Electricidad; Diógenes Rodríguez Grullón, Aura Mireya Caraballo Castillo, miembro del consejo de la Superintendencia de Electricidad, y Alejandro Eduardo Fernández Whipple (Superintendencia de Banco); Ramón Emilio Contreras Genao, Superintendencia de Pensiones, y Rafael Evaristo Santos Badia, director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), entre otros.
Asimismo, la Fundación Justicia y Transparencia lamentó lo que llamó «el festival de aumentos que se ha desatado en la presente gestión de gobierno, y más aun con la mirada cómplice de las altas instancias gubernamentales, que solo ven la violación a la Constitución como una imprudencia o libertad de criterio para los funcionarios a la hora decidir sobre su salario».
De acuerdo con los abogados de la FJT, el único camino ante una falta grave, como pauta la Constitución y la ley de función pública, «lo es la renuncia voluntaria de los infractores, o su destitución por parte del Presidente de la República o órganos competentes, en los casos que aplique juicio político u otra modalidad de destitución».
La Fundación Justicia y Transparencia adelantó además que en los próximos días estaría completando y ampliando el sometimiento con otras instituciones, y que para ello solo «estamos a la espera de hacer los cotejos de lugar y recibir las informaciones oficiales y pertinentes para proceder, cuyas investigaciones alcanzan fundamentalmente Órganos constitucionales, Altas Cortes, Banco Central y otros que parecerían se han dejado seducir por esa escabrosa práctica».
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