Redacción (RT.com).- El ministro de Defensa ecuatoriano, Luis Lara, dijo la mañana de este martes que «la democracia del Ecuador está en serio riesgo», debido a las protestas antigubernamentales que se llevan a cabo en el país suramericano desde el pasado 13 de junio, convocadas por el movimiento indígena y a las que se han sumado otros colectivos sociales.
«La democracia del Ecuador está en serio riesgo, ante la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos y las acciones de grupos violentos, cuyo único objetivo es crear el pánico, agrediendo u extorsionando a las empresas, a las instituciones y a las autoridades», dijo Lara en un mensaje al país, en el que estuvo acompañado por el Alto Mando Militar.
Dijo que Las Fuerzas Armadas contemplan con enorme preocupación «la manipulación de la protesta social» y «el crecimiento de la violencia» por parte de quienes «han rechazado el diálogo […] para intentar imponer al Estado sus peticiones».
«Estas acciones van más allá de la protesta ciudadana, se trata de un intento deliberado de utilizar la violencia armada para atentar contra la democracia, amenazar a las instituciones», agregó Lara.
Durante su alocución, el funcionario, al igual que hizo la semana pasada el director del centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Fausto Cobo, vinculó a las manifestaciones con el narcotráfico.
«Estas acciones coinciden con el brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado […] Detrás de esto está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada», señaló Lara.
Asimismo, declaró que los grupos violentos y extorsionadores «actúan con consentimiento de quienes organizan las movilizaciones», señalando, sin mencionarla, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
«Tomar acciones»
Ante lo expuesto, indicó que las Fuerzas Armadas «no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República».
«Como ha ocurrido a lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas siempre han estado junto al pueblo ecuatoriano, defendiendo y protegiendo sus derechos, garantías y libertades», enfatizó.
Mencionó que el Estado «debe tomar acciones para recobrar la normalidad y restablecer la paz», cuando los grupos que impiden la libre circulación «crean zozobra» y «atacan a otros ciudadanos indefensos».
Lara añadió en su breve mensaje que «las acciones de protesta social son legítimas, siempre y cuando no atenten contra las garantías y derechos de la mayoría de los ciudadanos».
En su breve mensaje, llamó a los ecuatorianos a «la unidad nacional», a «una defensa activa por la paz» y a «la defensa de la democracia».
El paro y las violaciones de DDHH
Este martes se lleva acabo en el país suramericano la novena jornada del paro nacional que convocó la Conaie. En estas protestas, que se realizan al cumplirse un año de un diálogo infructuoso, la organización ha entregado al Ejecutivo un pliego de 10 demandas.
En el pliego están la reducción y no más subida del precio de los combustibles, moratoria para el pago de créditos para más de cuatro millones de familias, precios justos en los productos del campo, empleo y derechos laborales, salud y educación, moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, respeto a los 21 derechos colectivos, alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos, políticas de control de precios y políticas para frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra al Ecuador.
El pasado viernes, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, respondió con una serie de medidas para tratar de frenar las protestas, pero estas continuaron.
Las medidas fueron el aumento del bono de desarrollo humano de 50 a 55 dólares, duplicar el presupuesto a la educación intercultural, subsidiar hasta el 50 % el precio de la urea para pequeños y medianos productores, condonación de créditos vencidos hasta 3.000 dólares en BanEcuador, crédito agrícola de hasta 5.000 dólares al 1 % y 30 años de plazo, no aumentar los precios de los combustibles, no privatizar servicios públicos y sectores estratégicos y declarar en emergencia el sistema de salud pública.
Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Internacional denunciaron represión policial contra la movilización social.
De acuerdo con las organizaciones, hasta el lunes se habían registrado 79 detenciones y 39 episodios de violaciones de derechos humanos, como el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias de manifestantes, agresiones a periodistas e intimidación a organizaciones de la sociedad civil.
También señalaron que tres personas están desaparecidas y, por otro lado, 23 policías han sido retenidos por los manifestantes.
«La lamentable decisión del presidente Lasso de reprimir las protestas está provocando una crisis de derechos humanos que recuerda a la de octubre de 2019», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Añadió que para evitar que esta historia se repita, el presidente «debe cesar la represión y atender las causas estructurales de las protestas, incluido el abordaje de la crisis económica y el impacto de sus políticas en los derechos de los grupos más afectados por la pandemia, como los pueblos indígenas y personas en situación de pobreza».
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