Santo Domingo (República Dominicana).- La susticucióp de siete funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) se debió a irregularidades de sobrevaluaciones en un proceso de compras de productos para enfrentar los casos del nuevo coronavirus, los cuales estaban sobrevaluados.
Al dar la información, el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, dijo que el mandatario designó mediante el decreto 146-20 a Kenia Lora como directora del Inaipi, en sustitución de Berlinesa Franco, quien dimitió del cargo tras darse a conocer la situación y “quien reconoció que por la prisa del Estado de Emergencia del país fueron omitidos procedimientos mandatarios de muestra legislación”.
Lora era directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
En el artículo 2 del decreto 146-20, Medina nombró a Greybby María Cuello Coste de Torre, directora general del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en sustitución de Kenia Lora Abreu.
El artículo 3, contiene la destitución de Ricardo Guzmán José Domínguez y a Mayra Martínez de la Rosa, funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), luego de detectarse la sobrevaloración en la compra de los productos.
También fueron destituidos, Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuell, encargada del Departamento Jurídico, y Clementina Pietier, responsable de Acceso a la Información Pública, quienes eran los responsables de llevar el proceso.
Irregularidades en el proceso
Espinal, quien fue parte de la comisión que investigó la denuncia del proceso que resultó en la sustitución de los funcionarios, reconoció que en la citada licitación “se cometieron flagrantes violaciones a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones”.
Dijo que otro agravante fue el permitir la entrega de mercancías por parte de los proveedores al margan de cualquier proceso de compra y ninguna documentación de respaldo.
“Por esa situación debemos señalar que el Estado se ve imposibilitado de hacer efectivo los pagos a dichos proveedores, puestos que las entregas se realizaron al margen de la ley”, expresó Espinal.
Informó que el proceso fue cancelado y que el caso será puesto a disposición de la Procuraduría General de la República.
“Ni si quiera en estos momentos de emergencias caben atajos que puedan violentar los debidos procesos. (…) Pueden estar seguros: a todo funcionario que sea sorprendido en cualquier mala práctica le será aplicada de manera estricta la ley”. Concluyó el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
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