Santo Domingo (República Dominicana).- La jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el viernes 18 de este mes de marzo, la audiencia para conocer el expediente contra los imputados en el denominado caso Operación Medusa, por presunta corrupción, después de que la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, recusó a 29 representantes del Ministerio Público.
En la audiencia, señalada para las 4:00 de la tarde del 18 de marzo, se conocerá la revisión obligatoria de las medidas de coerción impuesta a Rodríguez y Javier Alejandro Forteza Ibarra, y solicitudes hechas por la defensa de Alfredo Alexander Solano Augusto.
También se conocerá la extensión del plazo de cuatro meses solicitados por el Ministerio Público para terminar las pesquisas y presentar acusación formal contra los imputados en el caso Medusa.
A raíz del aplazamiento de la audiencia, el procurador adjunto Wilson Camacho, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), declaró a los periodistas que ahora los fiscales solo pueden esperar la decisión de las instancias del Ministerio Público que deben decidir sobre la recusación.
Camacho señaló que con relación a este proceso, solo puede referirse a lo que ha sucedido este miércoles así como en todas las audiencias que han sido fijadas para “esta semana con relación a este proceso han sido aplazadas. Pasó ayer en la Corte de Apelación, en la Tercera Sala, pasó hoy en una primera audiencia de resolución de peticiones, y acaba de pasar en esta audiencia, primero de control, y luego de solicitud de prórroga”.
Sostuvo que todas las audiencias debieron aplazarse como consecuencia de la recusación que ha sido presentada en contra de 29 fiscales, “dentro de los que estamos incluidos. En consecuencia, nosotros no podemos hacer ninguna otra cosa en este particular que no sea esperar la decisión de los órganos del Ministerio Público con relación a esta recusación que se ha planteado”.
Este pasado martes 8 de marzo el exprocurador Rodríguez depositó, vía sus abogados, una solicitud ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para que la Audiencia de Solicitud de Prórroga sea realizada de forma pública y de “cara a la población”.
Mientras, los abogados del exprocurador general de la República reiteraron que a ocho meses del sometimiento a la justicia “sin sustento y apresamiento” de Rodríguez, cuando el Ministerio Público aseguraba estar “listo para formalizar la acusación, informando y mintiendo que el expediente era sólido y estaba blindado, afirma necesitar 4 meses para concluir la investigación. Esto demuestra que ni tienen pruebas reales ni han tenido más capacidad para seguir construyendo falsedades”.
“Pero ya que es el propio Ministerio Público que en perjuicio de Jean Alain Rodríguez está solicitando aplazamiento, un juez sensato debe negar la extensión del plazo u otorgar la libertad para que como en muchos otros procesos nuestro cliente pueda llevar el caso en libertad”, manifestaron los abogados de la defensa del exprocurador general de la República.
Además de Rodríguez, por el caso también son procesados el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, quienes cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal, donde también está el exprocurador general.
Asimismo, Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.
El caso involucra también a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez, quien fue arrestado el pasado año en España.
Según la acusación, los imputados integraron una presunta red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
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