Santo Domingo (República Dominicana).- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aseguró este miércoles que uno de los principales compromisos del gobierno es lograr consolidar la democracia y el principio de separación de poderes para garantizar la sistematización de los órganos de control del Estado dominicano.
Al hablar en la tercera reunión de la Mesa Temática de Transparencia e Institucionalidad del Consejo Económico y Social (CES), Peralta manifestó que para ello es importante la contribución de los principales actores de la sociedad civil y sus instituciones.
Sostuvo que el objetivo de la sesión es producir un espacio de diálogo respecto al anteproyecto que declara la necesidad de la reforma constitucional, como una de las 14 iniciativas normativas que se dieron a conocer este miércoles.
“Es en función de esto, que por ejemplo para el fortalecimiento de la justicia proponemos excluir al procurador general de la República de la integración del Consejo Nacional de la Magistratura, a la vez que proponemos una renovación gradual los jueces de las altas cortes y nuevos requisitos para la elección de éstos a los fines de incidir en la despolitización de esos órganos”, expuso el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Peralta indicó que igual ocurre con el interés de garantizar la independencia plena del Ministerio Público, donde proponen que el procurador general de la República sea designado de conformidad con la ley a través de un proceso transparente, y diferente al método actual que lo deja a voluntad unilateral del presidente de la República, y que pueda ser interpelado por las Cámara Legislativas en ocasiones de ejercicio de sus funciones.
Explicó que el objetivo de la reunión es lograr una interacción entre el gobierno y la sociedad que permita alcanzar un consenso sobre la actualización de normativas institucionales.
“Uno de los compromisos del gobierno es lograr consolidar la democracia y el principio de separación de poderes, lo cual está convencido de que se puede alcanzar principalmente a través del fortalecimiento sistemático de los órganos de control del Estado”, añadió.
“Para consolidar el ejercicio democrático, proponemos unificar las elecciones y eliminar el arrastre electoral en todos los niveles de votación, así como facilitar el uso de la iniciativa legislativa tanto por los ciudadanos en sentido general, a través de la iniciativa legislativa popular, como por algunos órganos constitucionales que actualmente están excluidos de dicha dinámica”, indicó.
Peralta dijo que en el caso de la legislación popular el actual requisito del 2% de los distritos en el registro de electores equivale aproximadamente a 200 mil personas, lo cual el gobierno propone reducirlo a 25 mil ciudadanos.
En el caso de los órganos constitucionales, plantea que si la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral (JCE), tienen iniciativas legislativas en sus respectivas materias, también la puedan tener otros órganos como, por ejemplo, el Tribunal Constitucional.
Asimismo, Peralta, expresó que, para alcanzar un objetivo de esta naturaleza “es necesario reformar la Constitución puntualmente”, por ser la base normativa suprema de todas las instituciones mencionadas cuya independencia y eficaz funcionamiento reclama y necesita la sociedad.
Expuso que esta propuesta no pretende restar méritos a la Constitución vigente ni al esfuerzo realizado hace más de una década para su modificación más significativa en los últimos años.
“Esta reforma busca plasmar lo que hemos aprendido en estos 12 años”, dijo el Consultor jurídico del Poder Ejecutivo al agregar que esa reforma constitucional no se trata de una coyuntura política o para beneficio del gobierno o un sector de este.
“En tal sentido, es importantísimo aclarar que contrario a como ha ocurrido en ocasiones anteriores, esta reforma no versa sobre la reelección presidencial ni aumenta en ninguna medida las atribuciones actuales del Poder Ejecutivo, así como tampoco le crea al presidente de la República algún escenario privilegiado en ocasión de su actual mandato constitucional”, precisó.
Precisó que la Reforma Constitucional lo que procura es restarle poder al Poder Ejecutivo y distribuirlo entre los demás poderes del Estado y los propios ciudadanos.
Peralta sostuvo que el objeto de la Reforma Constitucional propuesta descansa entonces en tres pilares: A) Robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales; B) Eficientizar los procesos propios del Estado y la Administración Pública y C) Consolidar el ejercicio democrático, a través de mejoras puntuales al régimen electoral y el procedimiento legislativo.
Con tales objetivos se proponen modificaciones al texto de la Constitución: en lo relativo al proceso de formación de leyes, al Ministerio Público, a la Procuraduría General Administrativa, al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al régimen electoral, la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral, y al régimen de control de los fondos públicos, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República.
Concluyó afirmando que como cualquier otra reforma deberá someterse al procedimiento contemplado en la Constitución en sus artículos 167 y siguientes sin detrimentos de pasos previos.
José Dantés, Henry Merán y Juan Manuel Guerra, representantes de los partidos de la Libertad Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD) se retiraron del encuentro realizado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recinto de Santo Domingo.
Dantés, Merán y Guerra, al hablar en representación de los tres partidos políticos manifestaron que la reforma a la Constitución no es pertinente en este momento porque hay temas más importantes que atender, y expresaron su interés de continuar discutiendo y analizando los demás temas de la mesa, siempre y cuando no se toque el tema de la Constitución.
Dantés advirtió que el PLD no apoyará una reforma constitucional en la presente coyuntura.
Merán, por su lado, indicó que la Fuerza del Pueblo considera innecesaria una reforma a la Constitución, al sostener que las modificaciones que se han planteado pueden hacer sin tocar la Carta Magna.
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