Santo Domingo (República Dominicana).- El alcalde de Santiago, Abel Martínez, denunció que el gobierno se propone poner en marcha un plan «complaciente con sectores empresariales» para regularizar toda mano de obra haitiana, al margen de los protocolos y mandatos establecidos en la Ley General de Migración número 285-04 y su Reglamento de Aplicación número 631-11.
Martínez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana Abel Martínez, calificó esas pretensiones como «una clara demostración del estrepitoso fracaso del gobierno en sus políticas de seguridad fronteriza y control migratorio» y denunció que el sector privado ha iniciado una «carnetización» ilegal de trabajadores no regulados, similar al impulsado en otros tiempos por el padre Regino Martínez a través de la Asociaciones Solidarias de Obreros Migrantes de la Línea Noroeset (Asomilin).
Como prueba presentó la imagen de un carné expedido por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAC), mediante el cual se le otorga documentación a un ciudadano extranjero de nacionalidad haitiana, cuya presencia en el país es ostensiblemente ilegal al no presentar número de pasaporte y en el que se hace constar la persona o empresa a la cual pertenece, práctica que conforme expresó, es replicada en comunión con el gobierno, por todos los demás sectores vinculados a la «práctica ilegal de contratación de mano de obra extranjera».
El también aspirante a la nominación presidencial por el PLD expresó que esa actividad «no sólo implica un acto ilegal en el cual se suplantan abusivamente las facultades del Estado, sino que además, lo más grave resulta ser que esa práctica está siendo autorizada por el propio gobierno, que a través del director general de Migración ha expresado que se apresta a iniciar un proceso de regularización de toda la mano de obra extranjera haitiana en el territorio nacional, razón por la cual, dichos sectores han iniciado el levantamiento de la data en base a la cual las autoridades se proponen violar la constitución y las leyes, en una materia reservada a la ley por el artículo 93-g de la Constitución de la República.»
Martínez advirtió al gobierno y a los sectores empresariales, que todo aquel que se involucre en ese proceso incurrirá en prevaricación y que cualquier estatus derivado de un plan de regularización implementado administrativamente resultará inconstitucional, ilegal, inmoral, antiético y atentatorio a la seguridad nacional.
En ese sentido, instó al gobierno a «comprender que gobernar no es complacer a los intereses, sino, hacerlo sobre la indiscutible premisa de que todos debemos sujetarnos a la ley, cosa que el gobierno suele olvidar cuando se trata de satisfacer las demandas de sectores de la cúpula empresarial».
Recordó que el sistema migratorio dominicano en términos de migración laboral, como en todas partes del mundo, está organizado sobre las bases de estimular una migración de retorno, «razón por la cual toda autorización de un estatus migratorio laboral, al igual que otras categorías, conlleva el ingreso regular a través puntos de control migratorio regular con el visado correspondiente, expedido en el país de origen, razón por la que, además de la Constitución y las normativas migratorias, se está violando la Ley número 875-78 sobre visados, todo lo cual resulta ser sencillamente inaceptable».
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