Tegucigalpa (RT.com).- El telúrico retorno de la izquierda se ha hecho sentir en Honduras. No solo porque rompió con el tradicional bipartidismo, sino porque Xiomara Castro de Zelaya asumió el poder este jueves en medio de la conflictiva escisión en las filas del oficialismo y la inédita instalación de un Congreso bicéfalo.
«La Presidencia de la República nunca había sido asumida por una mujer en Honduras, han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra Independencia. Estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones, este hecho histórico solo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo. Gracias por este honor y confianza«, fueron las primeras palabras de Castro al ser juramentada como mandataria.
El acto de toma de posesión se llevó a cabo ante una multitud reunida en el Estadio Nacional de Tegucigalpa y Castro, primera mujer presidenta de Honduras y la más votada de su historia, fue juramentada por la jueza Karla Lizeth Romero Dávila.
«Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes», dijo la mandataria ante la jueza.
Durante su discurso, Castro destacó que recibía un Estado «en bancarrota», luego de haber sido «hundido estos últimos 12 años». «Es imposible encontrar otro momento en nuestra historia tan lleno de sabotaje contra nuestra patria […] Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura. Tenemos el derecho de refundarnos sobre valores soberanos, no sobre la usura», añadió.
Castro adelantó que durante la puesta en marcha de su proyecto de «socialismo democrático», concentrarán los mayores esfuerzos en cuatro sectores que permanentemente han reclamado los ciudadanos: «educación, salud, seguridad y empleo».
La nueva presidenta señaló que su mandato estará acompañado por la voz del pueblo, que espera que se exprese mediante consultas populares. Al respecto, solicitó al Congreso nacional que «apruebe la ley para la participación ciudadana» para la activación de estos mecanismos.
Primeros anuncios
En su primera alocución, Castro hizo algunos anuncios, que van en consonancia con cumplir con las medidas que prometió durante su campaña, a fin de «refundar» al país. Al respecto, informó que:
. Más de un millón de familias que viven en pobreza, a partir de este día no pagarán más las facturas del consumo de energía, «la luz será gratis en sus hogares».
. Se enviará un proyecto de ley al Congreso para crear un subsidio al precio de los combustibles.
. El Ministerio de Educación garantizará las clases presenciales a niños y jóvenes, asegurando la matrícula gratis, merienda escolar, vacunas y mascarillas.
. El Gobierno se concentrará en el desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria.
. No habrá más permisos de minas abiertas o explotación de minerales, ni más concesiones en la explotación de ríos, cuencas hidrográficas, parques nacionales y bosques nublados.
. Se pondrá especial atención en el desarrollo agroforestal, el desarrollo industrial, la promoción del turismo y una estricta política fiscal y monetaria.
. Habrá libertad para los presos políticos de Guapinol y justicia para Berta Cáceres, activista ambiental e indígena asesinada.
En el mismo acto fueron juramentados Salvador Alejandro César Nasralla Salum, Doris Alejandrina Gutiérrez y Renato Florentino Pineda, electos como designados presidenciales junto a Castro en noviembre pasado.
Crisis política
El proceso de toma de posesión se llevó a cabo de esta manera, luego de que la semana pasada se realizara la juramentación en paralelo de dos presidentes del Congreso: Luis Redondo –apoyado por Castro– y Jorge Cálix, disidente del oficialismo y respaldado por los diputados de la oposición. Esto sucedió después de que se generara una una crisis política que devino en acusaciones de traición, tras la ausencia de 20 diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) en una reunión.
En ese panorama, actores internacionales y mediadores como la Organización de Naciones Unidas (ONU) iniciaron los acercamientos en el seno del oficialismo, sin que se definieran posturas definitivas a horas de la juramentación.
El doctor en derecho y ciencias políticas Ernesto Paz Aguilar cree que la crisis política previa a la investidura de Xiomara Castro se resolverá por medio del diálogo, con negociaciones para incorporar al grupo de Jorge Cálix, los disidentes del oficialismo, en la nueva junta directiva del Congreso, y que se formará un gobierno de coalición.
Cruce de propuestas
En la víspera, representantes de ambas facciones mantenían conversaciones para destrabar la crisis política dentro del Congreso y aunque coincidieron en varios puntos, no lograron ponerse de acuerdo sobre qué hacer con la directiva.
Los que acompañan a la disidencia apuntan que Cálix estaría dispuesto a la repetición de la votación, pero que en el fondo ya su designación es cosa juzgada. «La [juramentación] que es legal es la que presidió en la primera sesión», sostuvo el diputado Yahvé Sabillón, expulsado de Libre.
Sabillón se refiere a la votación que se hizo el pasado viernes, en las que resultó electo Cálix. Esa designación debía ser ratificada dos días después, pero el domingo siguiente fue Redondo quien juró como presidente en el Congreso, mientras que la confirmación del líder díscolo de Libre ocurrió en un club de campo.
Desde la bancada que respalda a Redondo, sostienen que la idea de los acercamientos es lograr que los disidentes vuelvan a las filas de Libre y respeten el pacto acordado con el Partido Salvador de Honduras (PHS), liderado por Salvador Nasralla.
Según ese pacto, suscrito antes de las elecciones, el nombramiento del líder del Congreso sería decisión de Nasralla. El ahora designado presidencial se decantó por Redondo, del PHS, pero la decisión fue rechazada por la disidencia de Libre, que consideró que la jefatura de la Cámara debía recaer en las filas de su partido.
Una de las propuestas sobre la mesa era que la presidencia recayera en una tercera figura, pero Nasralla se negó de plano. El miércoles, las negociaciones no paraban. Según medios hondureños, la representante de Naciones Unidas (ONU) Alice H. Shackelford es quien estaría mediando entre ambos bandos.
Desde el revuelo de la semana pasada, al menos dos diputados de Libre se retractaron de su apoyo a la disidencia y respaldaron a Redondo, evitando la expulsión del partido. Sin embargo, Cálix ha sido cuidadoso. Pese a la etiqueta de «traidor» que le ha endosado Castro, él asegura que trabajará desde el Congreso para seguir el plan de la presidenta.
Esa prudencia, de la mano con las intensas negociaciones, le permitieron que a última hora del miércoles se concretara una nueva propuesta hecha por la mandataria: que Cálix se integre al Gobierno como Coordinador de Gabinete.
El objetivo, en palabras de Castro, es que el diputado disidente –que ostenta el título del más votado de la historia– se una en aras de la «refundación de Honduras».
«Muchas gracias presidenta, fue un gran placer conversar con usted. Para mí y para cualquiera, sería un gran honor formar parte del gobierno de la resistencia y de la reconciliación nacional. Pronto recibirá mi respuesta», respondió Cálix. El diálogo en redes sociales estuvo acompañado de una fotografía de ambos conversando en un salón.
Un país por reconstruir
A pesar del estruendo que ha generado la pugna a lo interno del oficialismo, superar esa crisis política no es el único reto que enfrentará Xiomara Castro. La situación actual del país, severamente afectado por el covid-19, representa un desafío mayúsculo para su Gobierno.
Con unos niveles de pobreza que ya se ubicaban en 74 % antes de la pandemia (y hasta 82 % en entornos rurales), Honduras es uno de los países centroamericanos con mayor número de población vulnerable. Ese hecho incontrovertible es la raíz del aumento del número de migrantes que deciden emprender el peligroso viaje a EE.UU.
Las detenciones de hondureños en la frontera de EE.UU. aumentaron casi ocho veces el año pasado, al pasar de 41.543 personas arrestadas en 2020 a 319.324 en 2021.
El aumento del flujo migratorio, que preocupa seriamente a Washington, es una de las razones por las que EE.UU. también ha estado alentando las conversaciones dentro del oficialismo, ya que una eventual crisis institucional podría ser contraproducente en su plan de frenar las caravanas que salen de Centroamérica con destino a territorio estadounidense.
De hecho, las detenciones de hondureños en la frontera de EE.UU. aumentaron casi ocho veces el año pasado, al pasar de 41.543 personas arrestadas en 2020 a 319.324 en 2021.
Y es que, además de la violencia sistémica que condena a la población a la pobreza y empuja a la migración, en 2021 el país reportó el aumento de 6,5 % del número de homicidios en comparación con 2020.
Estos elementos, aunados al impacto de desastres naturales como los huracanes Eta e Iota que asolaron a Honduras el año pasado –y afectaron especialmente las zonas rurales dedicadas a la producción de alimentos–, configuran un escenario de crisis económica, social, política y migratoria que deberá afrontar la nueva mandataria.
Por otra parte, Castro tendrá el reto de limpiar la imagen de su país en el contexto internacional, luego de la mácula dejada por su antecesor, Juan Orlando Hernández, acusado de vínculos con el narcotráfico y con su hermano Juan Antonio ‘Tony’ Hernández preso de por vida en EE.UU. por tráfico de drogas.
La agenda legislativa propuesta por los diputados leales a su partido deja claro que esa será una de las prioridades del Gobierno. Esta semana, Redondo planteó la creación de una Comisión Ciudadana Anticorrupción con todos los poderes de independencia y reiteró el deseo de Castro de pedir la colaboración de Naciones Unidas para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
Respaldo internacional
Aunque los retos no son pocos, el innegable apoyo de Castro en las urnas también tiene su correspondencia con el respaldo internacional. Por eso, a su acto de asunción asistieron este jueves las delegaciones de 57 países.
Entre los asistentes la atención se centró en la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, quien adelantó que discutirá con la flamante mandataria sobre el tema migratorio, aunque la agenda ha estado opacada por la participación de Washington en los acercamientos del oficialismo.
Aunque los retos no son pocos, el innegable apoyo de Castro en las urnas también tiene su correspondencia con el respaldo internacional. Por eso, a su acto de asunción asisten este jueves las delegaciones de 57 países.
La primera en arribar a la capital hondureña fue la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández. La alta funcionaria fue recibida en el aeropuerto por la familia Zelaya y participó en un foro en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
En el acto de traspaso de este jueves también estuvo el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que había confirmado su participación, informó que no podría ir a la ceremonia pero prometió que pronto visitaría el país.
Otro de los presentes fue el rey de España, Felipe VI, quien se encuentra de gira por la región y llegó procedente de Puerto Rico. A su llegada a Tegucigalpa, el monarca se reunió con el mandatario saliente Juan Orlando Hernández.
Además de la presencia de las delegaciones de Venezuela, México, Perú, República Dominicana, Cuba, Ecuador, Belice y Aruba, se sumarán a la histórica jornada figuras cercanas a Castro, como la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, el senador paraguayo Fernando Lugo y la venezolana María Gabriela Chávez, hija del fallecido líder Hugo Chávez.
De primera dama a presidenta
Castro, de 62 años, es la primera mujer que ejerce el máximo cargo de elección popular en su país. Su llegada a la arena política, marcada por el golpe de Estado contra su esposo Manuel Zelaya, no ha sido sencilla ni corta.
Desde el derrocamiento de Zelaya y la abrupta interrupción de su cargo como primera dama el 28 de junio de 2009, Castro formó parte del movimiento de resistencia contra el gobierno de facto de Roberto Micheletti (2009 y 2010), que derivó en la fundación del Partido Libre liderado por su esposo. Además, fue la primera candidata presidencial de ese naciente espacio político.
Antes de su actual triunfo, la mandataria perdió dos elecciones: una a la primera magistratura en 2013, abanderada por el Partido Libre; y otra en 2017, como designada presidencial por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, que llevó como aspirante presidencial a Salvador Nasralla.
Pero el trago amargo por la derrota de 2017, bajo las denuncias de fraude electoral, son cosa del pasado. Cinco años más tarde, Nasralla es su designado presidencial y ella, la mujer que regirá uno de los países con mayores retos en materia de desarrollo en Centroamérica.
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