Santo Domingo (República Dominicana).- El abogado del empresario Pedro Rafael Ortiz, Whenshy Wilkerson, denunció inseguridad jurídica y fraude de documento para la venta de apartamentos en la Torre Valentina IV, del Distrito Nacional, a personalidades vinculada al Poder Judicial, a la política y a otros poderes factico de la sociedad dominicana.
Wilkerson dijo que los apartamentos propiedad de Pedro Rafael Ortiz, fueron vendidos presuntamente de manera fraudulenta por Miguel Ángel Mateo, «quien haciendo uso falso de la firma» del socio mayoritario para obtener el voto mayoritario en la asamblea.
En declaraciones emitidas a través de una nota de prensa el representante legal de Rafael Ortiz, dijo que los «compradores fueron sorprendidos en su buena fe por quien de manera amañada logró mentir jurídicamente a los adquirientes de los apartamentos».
Wilkerson indicó que al momento de la venta su cliente y «gerente» de la empresa vendedora Inversiones Inmobiliarias Mateo Ortiz y González S.R.L., se encontraba fuera del país.
Aclaró que Miguel Ángel Mateo, pese a haber recurrido, ya fue condenado por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual dictó la Sentencia Penal número 249-04-2019-SSEN-00140 (Expediente número 503-2017-EPRI-00476), a una pena de 2 años de prisión, debido a que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), emitió un informe pericial según número D-0344-2014, que evidencia que las asambleas que involucran las ventas con la firma de Pedro Rafael Ortiz, decidiendo que no se corresponde con la auténtica firma, razón por la cual todos los compradores e incluso algunos bancos principales del país que realizaron hipotecas, hoy están demandados en nulidad de todos los contratos millonarios realizados.
Wilkerson señaló que ya existen sentencias que han ordenado la nulidad de las fraudulentas ventas y cancelaciones de títulos fraudulentos vendidos y 7 tribunales están apoderados para conocer las demandas contra otros apartamentos que el demandante promueve en la Jurisdicción Inmobiliaria y que sus audiencias están fijadas para enero y febrero del 2022, y piden que la justicia no sea obstaculizada.
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