Santo Domingo, 10 nov (INS).- El expelotero de las Grandes Ligas Sammy Sosa fue interrogado la tarde de este miércoles por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con relación a un entramado criminal en perjuicio del Estado dominicano develado a través de la denominada Operación Antipulpo, acción que desembocó en apresamientos en varios allanamientos practicados el 29 de noviembre de 2020 como resultado de una indagación que venía realizando desde hacía meses.
A Sosa lo citaron para indagarlo tras ser vinculado a una de las compañías de Alexis Medina Sánchez, acusado principal de crear empresas para beneficiarse ilícitamente con dinero estatal.
A Alexis Medina Sánchez, el hermano del expresidente de la República Dominicana Danilo Medina, lo acusan de malversar fondos gubernamentales por al menos US$71,428,571 millones de 2012 a 2020.
El antiguo beisbolista de varias franquicias en Estados Unidos, cuyo nombre de pila es Samuel Peralta Sosa, fue requerido por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, y Yeni Berenice Reynoso, Procuradora Anticorrupción, quienes encabezan las investigaciones.
El cuestionamiento surge luego de que el nombre del deportista y el de su hermano José Antonio Peralta Sosa aparecieran en la solicitud de medida de coerción solicitada por el Ministerio Público.
En el pedimento cautelar, que se presentó en diciembre pasado contra los procesados en el caso Antipulpo, los fiscales investigadores indican que el ex jugador y su hermano fueron autorizados a gestionar préstamos millonarios o líneas de crédito a nombre de la compañía General Supply Corporation, S.R.L., la cual está vinculada a Alexis Medina, quien guarda 18 meses de prisión por mandato de un juez.
Esa compañía tuvo contratos, según la Pepca, por de 1,350 millones de pesos (23,107,142 dólares) durante la gestión en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) de los apresados Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina. Fue constituida 17 de febrero de 2014.
De acuerdo con los fiscales, José Peralta Sosa, el 31 de agosto de 2017, recibió un poder para abrir una cuenta bancaria en el Brickell Bank de Estados Unidos, así como tomar facilidades de crédito, ya sea un préstamo o línea de crédito a nombre de la empresa, hasta el monto de cuatro millones de dólares para fines de operaciones y compras de productos.
Precisaron, que ese mismo día la ex superestrella del béisbol de Grandes Ligas también quedó autorizado para gestionar una línea de crédito por un monto de 10 millones de dólares por ante el banco del Progreso de República Dominicana, recibiendo además poderes para firmar cualquier documento para la adquisición de esa facilidad y disponer de la misma según considere.
Los fiscales deberán, el 3 de diciembre próximo, presentar acusación formal contra los imputados Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); y los supuestos testaferros de Alexis, Wacal Méndez Pineda y José Dolores Santana, presos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres.
Por igual, Freddy Hidalgo, exministro de Salud, y Rafael Germosén, ex contralor general de la República; Francisco Pagán, ex director de la disuelta Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Sois); Aquiles Christopher, ex director de Fiscalización de la referida entidad; y Buriel Suazo, que guardan arresto domiciliario.
Además, Carmen Magalys Medina, ex vicepresidenta del Fonper y hermana de Alexis Medina, que permanece en un espacio controlado con un localizador electrónico; y Domingo Santiago, también supuesto testaferro, tiene presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público.
En septiembre pasado, la jueza Yanibet Rivas, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, le otorgó a la Pepca un plazo de cuatro meses, que vence en diciembre, para que concluyan las investigaciones y presenten la acusación formal.
Una vez lo hagan, entonces se procederá a conocer la audiencia preliminar contra los imputados, donde se determinará si deben ir a juicio o no. INS
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