Santiago (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra todos los imputados en el denominado caso “Operación Falcón”, para evitar que evadan la persecución penal en un expediente que tiene varios prófugos.
Al concluir la presentación de la solicitud de medida de coerción, el equipo de fiscales litigantes del Ministerio Público destacó que “la libertad de los imputados implicaría un grave obstáculo para la investigación, ya que existen los elementos razonables que nos llevan a establecer que los encartados, una vez puestos en libertad, utilizarán los medios para obstaculizar la investigación”.
Igualmente, enfatizaron en que la pluralidad de imputados, la incursión en el crimen organizado, las múltiples víctimas y la complejidad procesal son elementos que se suman a la justificación de la declaración de este caso como complejo.
Al concluir la audiencia de este miércoles, el fiscal Andrés Mena dijo que con la presentación de la medida de coerción y la contundencia de las pruebas que la soportan, el Ministerio Público demuestra que la “Operación Falcón” ha dado un duro golpe al narcotráfico nacional e internacional, desmantelando una estructura criminal que movilizaba millones de recursos en dólares cada semana y toneladas de drogas a Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.
“Los organismos de seguridad del Estado continúan su activa persecución del cabecilla de la red a fin de arrestar a esta persona. Precisamente, uno de los hechos que relata la medida de coerción es que Erick Mosquea Polanco invertía alrededor de 2.5 millones de dólares semanales en diferentes actividades ilícitas propias del narcotráfico transnacional y del lavado de activos”, citó.
Al responder preguntas de los periodistas sobre posibles imputaciones a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que se alega estaban en la nómina de la red, la fiscal Sourelly Jáquez aclaró que en la medida de coerción constan interceptaciones telefónicas que incluyen eventos de 2018 y 2019 en la que se verifican que la red pudo sumar a sus vinculados a algunos agentes de esa institución.
Sin embargo, resaltó que el Ministerio Público pudo lograr completar la operación contra la red de lavado gracias a la participación activa de la gestión de la DNCD, que encabeza el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa.
Los fiscales indican en la solicitud de medida de coerción, que a la red se le ocuparon más de 7 millones de dólares en efectivo, en diferentes allanamientos, armas de guerra, vehículos blindados y relojes de lujo, entre otros bienes muebles e inmuebles.
Señala que los encartados incurrieron en delitos tipificados como asociación de malhechores, tráfico de drogas y patrocinio, así como lavado de activos provenientes del narcotráfico, en perjuicio del Estado dominicano.
En el caso del imputado Raúl Antonio Castro Mota, se suma el cargo de violación a la Ley para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, por habérsele encontrado, al momento de su arresto, un arsenal que incluye armas solo utilizadas por organismos de seguridad.
El equipo de fiscales que presentó la solicitud de medida de coerción son los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho; el fiscal titular de la provincia de Santiago, Osvaldo Bonilla, y la procuradora de corte Luisa Liranzo. También los ministerios públicos Sourelly Jáquez, Andrés Mena, Reyna Jiménez, Newton López, Miguel Collado, Yeny Liranzo, Yohanna García, Patricio Rodríguez, Isabel Santos, Miguel Ramos y Enmanuel Ramírez.
Las acciones delictivas en que incurrieron los imputados desde antes de 2017 incluyen la violación específica de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la “asociación de malhechores”; 59 y 60, 4 letra (E), 58 (C), 60 párrafo, 75 párrafos II y III, 85 letras (B,C,D,) 99, 100 y 101 párrafo, de la Ley 50-88 sobre Drogas Narcóticas, los cuales tipifican “tráfico de drogas y patrocinio”; violación a los artículos 3, numerales 1, 2 y 3, 4, numerales 1, 2, 9 y 10, 8, 9, numerales 1, 2 y 5, y el artículo 12 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos; así como los artículos 3 letras A y B; 4, 8, 18, 21, letra B, y 26 de la Ley 172-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Narcotráfico, en perjuicio del Estado dominicano.
Los imputados son: María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldi Read Ruiz.
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