Santo Domingo (República Dominicana).- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso reiteró este martes que el Ministerio Público siempre está listo para conocer de los expedientes en audiencias abiertas
Al dirigirse a los jueces que revisan las medidas de coerción a los implicados del Caso Medusa, imputados de corrupción, extorsión, cobro de sobornos y lavado de activos, Reynoso declaró que “es absolutamente falso” lo planteado por una barra de la defensa del expediente encabezado por el imputado Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, en el sentido de que el Ministerio Público objetó en algún momento el conocimiento del caso en audiencia abierta con acceso a la prensa.
“Ya vieron que el Ministerio Público informó al tribunal, que conste en acta, que ha sido coherente con su planteamiento desde primer grado, en todas las audiencias; absolutamente en todos los casos: el Ministerio Público conoce del proceso como el tribunal decida”, expresó.
Agregó “que si el tribunal decide conocerlo a puertas abiertas, como lo ha decidido, el Ministerio Público no tiene ninguna objeción”.
“Nosotros estamos listos para conocer el proceso en las condiciones que sea, siempre que sea conforme a la ley”, sostuvo la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
“En términos llanos, lo que implica es que si todas las partes en un sistema acusatorio están de acuerdo con un punto y ese punto no violenta el derecho, el tribunal en un sistema acusatorio no tiene de otra que acoger esa petición de las partes”, recordó.
Los jueces Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daysi Montás, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dispusieron la entrada de la prensa a la sala de audiencia en la que el exprocurador Rodríguez y el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría, Javier Alejandro Forteza Ibarra, buscan la variación de la medida de coerción que les impuso en primera instancia.
El exprocurador Rodríguez guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-20) Najayo San Cristóbal, al igual que los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Josel Rodríguez Imbert.
El Ministerio Público dijo que ha recabado múltiples pruebas que siguen blindando las imputaciones iniciales y abren nuevas líneas de investigación en la Operación Medusa, un caso en el que cada vez surgen más evidencias del entramado de corrupción que encabezó el ex procurador general.
Los órganos de persecución del Ministerio Público acumulan pruebas que van desde grabaciones «hasta cheques con conceptos disfrazados utilizados en los procesos de contrataciones públicas irregulares para el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario».
De acuerdo a las pruebas, los contratistas eran obligados a devolver, bajo acuerdo en algunos casos, presión y chantaje en otros, incluso con transacciones bancarias, cuantiosas sumas de dinero en sobornos de los mismos pagos que les hacía la gestión de Rodríguez.
Señala que los imputados del Caso Medusa presuntamente realizaban licitaciones irregulares en las que se abrían los sobres de los oferentes previamente, se les facilitaban los precios a oferentes que participaban en procesos de compras por comparación de precios para que conocieran las tarifas de sus competidores y pudieran ser los seguros ganadores. En ese esquema de corrupción se sabía de antemano a quiénes se iba a beneficiar.
Dijo que uno de los suplidores, por ejemplo, se le solicitó subir los precios del aprovisionamiento del bien mueble para los privados de libertad en RD$62 millones, para llevarlo a entrar en un juego de extorsión en el que el exprocurador Rodríguez y los coimputados de su entorno supuestamente «exigían y cobraban sobornos de una manera burda».
El Ministerio Público indicó que las transacciones de los sobornos de suplidores con los implicados en la red de corrupción y lavado de activos desmantelada con la Operación Medusa incluyen además robo de identidad y un esquema de falsificaciones de documentos realizados desde la misma Procuraduría General de República, lo que se hacía como parte de una maniobra fraudulenta para estafar al Estado distrayendo fondos millonarios de los contribuyentes.
El órgano de justicia les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Enfrentan, además, cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje. También les imputa cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
Además, el exprocurador Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
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