P-au-P,Haití [AlterPresse].- La emisión de órdenes de arresto contra varias personalidades, incluido el líder del partido político Inifòs , en relación con el asesinato del presidente de facto, Jovenel Moïse, constituye maniobras de persecución política, consideran la Dirección Política de la Oposición Democrática (Dirpod) y del partido Organización del Pueblo en Lucha (Opl).
La emisión de estas órdenes para llevar, por parte del comisionado del gobierno al tribunal civil de Puerto Príncipe, Me. Bed-Ford Claude, contra ciudadanos pacíficos, no cumple con el Código de investigación criminal (Cic), cree Dirpod .
Tales maniobras tendrían como objetivo evitar que se arroje luz sobre el asesinato de Jovenel Moïse, critica.
El Dirpod insta al comisionado del gobierno a evitar tomar medidas que puedan destruir aún más la credibilidad del poder judicial y socavar la investigación sobre el asesinato de Jovenel Moïse.
Por su parte, el partido político Opl denuncia un acto de intimidación contra todos los líderes políticos, que lucharon contra las malas prácticas y gestión del ex presidente de facto Jovenel Moïse.
Con sus acciones, el comisionado de gobierno en el tribunal civil de Puerto Príncipe hace un uso deshonesto del aparato judicial, culpa a la Opl, quien me llama a mí. Bed-Ford Claude para actuar en el marco de la ley, en estricto cumplimiento con el procedimiento relacionado con una investigación criminal.
Claude ha otorgado órdenes de arresto contra el empresario Samir Handal, los líderes políticos Paul Denis del partido político Inifòs , Liné Balthazar del Partido Haitiano tèt kale (Phtk) y los pastores protestantes Gérald Bataille y Gérard Forges.
Un proceso legal impactante, según Paul Denis
El coordinador nacional del partido político Inifòs declara que impugna con vehemencia la emisión de una orden judicial en su contra, en el marco de la investigación sobre el asesinato del ex presidente de facto.
“Este impactante proceso legal no se basa en ningún elemento fáctico. No estoy, ni cerca ni lejos, vinculado a este crimen abyecto. Asociar mi nombre a este expediente lesiona gravemente mi honor y equivale a sembrar confusión en una investigación, que debe realizarse con imparcialidad, honestidad y profesionalismo”, declara el ex titular del Ministerio de Justicia.
Paul Denis considera que los elementos puestos en conocimiento del comisionado del gobierno de Puerto Príncipe, que lo llevaron a emitir este mandato para llevar contra él, son, obviamente, el resultado de una manipulación, de la que corresponde a los tribunales para identificar a los perpetradores.
Paul Denis admitió haber conocido, solo una vez en su vida, en Puerto Príncipe, en marzo de 2021, a Emmanuel Sanon, uno de los principales sospechosos del asesinato de Jovenel Moïse, en el contexto de la preparación de una manifestación contra la prórroga. del mandato del entonces presidente.
Sin embargo, no se ha dictado orden judicial contra el actual titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (Mjsp), Rockefeller Vincent, quien también admite haber tenido una relación laboral con uno de los acusados en el asesinato de Jovenel Moïse, Joseph Badio. , cuando fue director general de la Unidad Anticorrupción (Ulcc), de enero a julio de 2020.
No o¿bstante, Rockefeller Vincent afirma que este prófugo, buscado activamente por la institución policial, nunca fue formalmente miembro de su gabinete privado, ni familiar, y mucho menos amigo.
Además, la Oficina de Protección al Ciudadano y al Ciudadano (Opc) agradece los esfuerzos de la Dirección Central de la Policía Judicial (Dcpj) y el Ministerio Público del Juzgado Civil de Puerto Príncipe, en el tratamiento del expediente sobre el asesinato del ex presidente de facto Jovenel Moïse.
No menos de 44 personas, incluidos 12 policías nacionales, fueron arrestadas en relación con este asunto, mientras que se lanzaron avisos de búsqueda contra varias personas sospechosas de estar involucradas.
No se ha llevado a cabo ningún juicio espectacular por asesinato en los últimos 25 años.
La OPC, organismo público de defensa de los derechos humanos, deplora que no se hayan llevado a cabo en Haití juicios espectaculares por asesinatos criminales durante las últimas dos décadas, en una nota.
La OPC observa cuántos presuntos asesinos, aunque identificados, nunca son procesados.
Además, algunos, detenidos por la policía, fueron puestos en libertad por los jueces, sin ningún tipo de juicio, por sospecha de corrupción.
“Desde 1995 hasta el día de hoy, la población haitiana nunca ha seguido un juicio penal importante, con condena de los acusados culpables de penas severas, lo que podría servir de disuasión para las personas que desean cometer actos reprobables dentro de la sociedad”, dice.
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