Santo Domingo (República Dominicana).- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) manifestó su preocupación por los enfrentamientos jurídicos entre la Dirección General de Contrataciones Públicas y diferentes instituciones de la administración pública y proveedores.
El llamado a la atención tras la más reciente de esas diferencias entre el Ministerio de Educación y el órgano rector de las contrataciones públicas, al considerar que la DGCP “se desbordó” en su competencia al ordenar en varias resoluciones la anulación de casi todos los 56 lotes, para la adquisición de equipos portátiles, para uso de estudiantes y profesores, en las clases virtuales.
Por ese motivo Educación elevó varias solicitudes de medida cautelares anticipadas ante el Tribunal Superior Administrativo para que se suspendan los efectos ejecutorios de las decisiones de Contrataciones Públicas hasta tanto se decida un recurso contencioso-administrativo que interpondrá contra las referidas actuaciones.
La organización de la sociedad civil llamó la atención a la máxima autoridad de la DGPC para recordar la existencia de estrategias para luchar por la transparencia y contra la corrupción que establecen mecanismos preventivos, que en muchos casos hace ineficaz el proceso para el suministro de bienes, servicios y obras en beneficio de la colectividad.
Adocco ve con preocupación una serie de criterios e interpretaciones legales establecidos por la DGPC que vulneran las competencias exclusivas del órgano operativo (el comprador) para definir su compra.
Entiende que esto limita irrazonablemente las posibilidades de proceder a las contrataciones públicas para traducirlo en bienes y servicios en beneficio de la colectividad, lo que ha provocado que un número importante de instituciones del Estado, no hayan podido ejecutar ni el 25 % de su plan anual de compras, faltando solo cuatro meses para el cierre del año, constituyendo un revés para la consecución de los propósitos de esas instituciones.
Según la organización, su observatorio permanente y recepción de denuncias de instituciones de la Administración Pública Central, descentralizada y municipal, constató que la DGCP excede sus competencias en sus comunicaciones denominadas “remisión de resultados de análisis preliminares y solicitud de presentación de escrito de defensa” en el cual critica la efectividad y eficiencia de las compras o contrataciones, ¿Qué comprar? ¿Cómo comprar? Y ¿Cuándo compra? Cuando en muchas ocasiones esto cae en el criterio discrecional de la entidad contratante y no del órgano rector.
Adocco recomienda a la DGCP la creación de la Unidad de Indicios Penales que analice los casos de posible corrupción en las contrataciones públicas, pero que permita al actual gobierno realizar las compras y contrataciones necesarias para cumplir con la demanda de bienes y servicios en beneficio de la sociedad.
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