Santo Domingo (República Dominicana).- La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó para el lunes 12 de julio, a las 10:00 de la mañana, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra los imputados detenidos en el marco de la “Operación Medusa”, incluido el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.
Luego de que el jueves el Ministerio Público concluyera con su petición de 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Rodríguez y los demás imputados en la denominada “Operación Medusa”, una presunta red supuestamente encabezada por el exprocurador general de la República que presuntamente desfalcó al Estado dominicano con más de seis mil millones de pesos; en la audiencia de este sábado hicieron sus planteamientos los abogados de la defensa de los imputados José Miguel Moya, Altagracia Guillén Calzado, Rafael Mercede Marte y Jenny Marte Peña.
Mientras, para el próximo lunes subirán a estrado la defensa del exprocurador Rodríguez, de Jonnathan Josel Rodríguez Imbert y de Alfredo Alexander Solano Augusto, quienes no pudieron presentar sus alegatos este sábado.
Además de los 18 meses de prisión preventiva, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo.
Por otro lado, con relación al planteamiento de la defensa de Rodríguez de que no se permitió, contrario al deseo y petición del exprocurador, que la audiencia de medida de coerción fuera pública y transmitida en vivo por los medios de comunicación, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso lo calificó de falso.
Definió como un intento de manipulación de la opinión pública el comportamiento que exhibe el exprocurador Rodríguez al insistir en un proceso judicial abierto, cuando habla para el público y los medios de comunicación, mientras mantiene una postura contraria en el tribunal “ante el que debe responder por las imputaciones de corrupción, lavado de activos y otros delitos”.
“Lo que pasa es que ese imputado tiene doble discurso: dice hacia afuera que quiere los medios de comunicación, pero en la audiencia nunca se ha solicitado”, aseguró a los periodistas la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público al culminar el proceso judicial.
Añadió que “tal y como ha sido su comportamiento, de decir una cosa y hacer otra, él está siendo coherente con relación al tema de la prensa. Ese es un tema que no se ha solicitado. Y de hecho, su abogado ha fijado postura sobre ese tema”.
Reynoso recordó que el Ministerio Público también fijó su postura al plantear su disposición de conocer la medida ya sea en privado o en una audiencia abierta e insistió en que el exprocurador “está jugando a una manipulación de la opinión pública con relación a ese tema”.
En torno a los argumentos de algunos de los implicados, argumentó que “la imputación del Ministerio Público y sus pruebas han resultado imbatibles para la defensa”.
“Fíjense que una defensa ha querido justificar un contrato fraudulento, donde se robó hasta la identidad de personas, con dos fotos y una guía”, señaló al calificar ese hecho como absurdo.
“Pero la defensa dirá que tiene que hacer su trabajo y, ante tantas evidencias, ante la contundencia de las imputaciones, realmente la defensa ha resultado muy difícil e imposible tener argumentos de derecho y por eso decimos que pareciese que necesita que el Ministerio Público les regale un mapa, para que los abogados puedan rebatir las cientos de pruebas aportadas por el Ministerio Público”, expuso Reynoso.
Explicó que existen cientos de pruebas que corroboran los testimonios y resaltó la claridad de esas pruebas, aunque al parecer, opinó que la defensa no ha tenido tiempo de leerlas.
Reynoso, quien estuvo acompañado de un equipo de fiscales de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), enfatizó que “nos hemos pasado estos días escuchando de parte de la defensa argumentos sin fundamentos en derecho y que, en modo alguno, ni siquiera rozan las imputaciones del Ministerio Público”.
Indicó que la presunta asociación estafó al Estado con más de 6.000 millones de pesos y llamó la atención de que en la cárcel construida para alojar privados de libertad de La Victoria los ingenieros estructuralistas consultados por el Ministerio Público plantean que existen lotes, como el número 4, en los que no se deben alojar internos porque pueden venirse abajo.
“Esas son de las gravedades que tiene este proceso, aquí nos colocaron a la institución en una situación de tal gravedad, que en algunos distritos judiciales se hacían examen ginecológicos con fundas plásticas, porque ni siquiera los guantes se le suministraban al personal”, resaltó, al evidenciar las carencias por las que pasó el Ministerio Público mientras los involucrados en el caso “Medusa” distraían sus fondos.
En la acusación contra del entramado de corrupción, además del exprocurador Rodríguez, Rodríguez Imbert y Solano Augusto, figuran como imputados Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
Según la acusación, los implicados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República.
El Ministerio Público les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El expediente presentado por el Ministerio Público este jueves también incluye cargos de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados, además, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Por otro lado, el abogado Cándido Simón, que representa a la imputada Altagracia Guillén, fustigó a la imputada Rainiery Medina Sánchez, que está colaborando con el Ministerio Público, y quien, de acuerdo al letrado, hay una persona orientándola de mala manera, y recordó que ese guía estuvo involucrado en un caso trascendente que provocó lo expulsaran de una entidad de seguridad del país en un “proceso sensible”.
“Yo le sugiero que pare eso, él sabe quién, le sugiero que no haga maldad. No hagas eso viejo, eso que estás haciendo. Él sabe a quién me estoy dirigiendo. Haciendo maldad y haciendo daño”, dijo Simón al culminar la audiencia de medida de coerción contra el grupo de imputados.
Simón expuso que la fuente principal de la acusación “es una villana” que le dijo al país que ella le robó 700 televisores a la Procuraduría General de la República, y que para declarar y meter gente al medio, Rainiery Medina Sánchez, “que se robó una patana de televisores plasma, la premiaron con sacarla de Najayo y enviarla a su casa para meter gente al medio”.
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