Brasilia (RT.com).- El Congreso de Brasil ha aprobado este lunes el polémico proyecto impulsado por el Gobierno para privatizar la estatal brasileña Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de América Latina y una de las compañías más importantes del país.
Con 258 votos a favor y 136 en contra la Cámara Baja aprobó el texto principal de la ley que permite al Estado ceder a privados su participación en el gigante energético, que en la actualidad es del 61 %. Se prevé que a través de la venta de acciones en una Oferta Pública de Acciones (OPA) en la Bolsa de São Paulo, la participación estatal en Eletrobras se vea reducida hasta el 45 %.
Según la propuesta, cada accionista o grupo de accionistas no podrá mantener una participación superior al 10 % y el Gobierno contará con una acción preferencial, denominada «acción dorada», con la que tendrá poder de veto en las decisiones estratégicas de la empresa.
El texto fue presentado en febrero por el Ejecutivo de Jair Bolsonaro a través de una ordenanza con una validez de cuatro meses, por lo que el plazo máximo para su aprobación culminaba este martes. La medida ya había sido aprobada anteriormente por la Cámara, pero se sometió a votación nuevamente tras ser modificada por los senadores.
Eletrobras es responsable del 40 % de la transmisión y el 30 % de la generación de energía en Brasil y el Gobierno de Jair Bolsonaro espera recaudar unos 11.800 millones de dólares con la privatización de la compañía, que en 2020 generó un beneficio de casi 1.300 millones de dólares.
Según el Gobierno, la privatización puede reducir la factura de electricidad en los hogares y las empresas hasta en un 7,36 %, sin embargo, hay quienes afirman que esta medida en realidad genera costos adicionales y acaba encareciendo el costo de luz para la población.
«Una amenaza a la soberanía nacional»
Bolsonaro afirmó la semana pasada que Brasil sufrirá un «caos» energético si no se privatiza la compañía. La votación se produce en un momento en el que el país atraviesa una importante sequía que ha afectado a las reservas de las plantas hidroeléctricas.
El rechazo a la privatización de la compañía fue una de las demandas durante las multitudinarias manifestaciones contra el presidente el pasado fin de semana, cuando el país superó la barrera de los 500.000 muertos por la pandemia.
Desde la oposición advierten de que la privatización supondrá «una amenaza a la soberanía nacional». Además, el texto pasó en el Senado por varias modificaciones –denominadas ‘jabutis’– que no tienen relación con el objetivo principal del proyecto. Muchas voces consideran que algunos parlamentarios usaron el proyecto para ampliar los privilegios de grupos del sector eléctrico en varias regiones del país.
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