Santo Domingo (República Dominicana).- Los juristas Dangela Ramírez Guzmán y Claudio Caamaño Vélez alertaron este viernes que es competencia exclusiva del Tribunal Superior Electoral (TSE) los crímenes y delitos electorales.
Ramírez Guzmán y Caamaño Vélez expresaron que hacen la alerta con el objetivo de poner al conocimiento de la comunidad jurídica esos importantes aspectos del procedimiento penal electoral.
En ese sentido, hicieron un llamado a la recién designada Fiscalía Electoral, a la Policía Nacional y a los organismos de investigación, a cumplir lo establecido por la Constitución, la Ley Electoral y Reglamento Contencioso Electoral, para evitar situaciones como la que se dieron luego de las frustradas elecciones del 16 de febrero.
Manifestaron en una rueda de prensa que en la «única investigación penal electoral que se ha hecho en la República Dominicana se vulneró de forma grosera el debido proceso».
Ramírez Guzmán y Caamaño Vélez mostraron una sentencia del Tribunal Superior Electoral que acoge el habeas corpus interpuesto por ambos a favor del técnico Manuel Antonio Regalado.
«Esta sentencia reitera el criterio del TSE en cuanto a sus competencias exclusiva para la instrucción de los procesos contra crímenes y delitos electorales», aseveraron.
Sostienen que la Ley número 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, establece en su artículo 281 que el conocimiento de los crímenes y delitos electorales es una competencia exclusiva del TSE, a la vez que le otorga la facultad para dictar el reglamento Contenciosos Electoral, que regula el procedimiento para la persecución, conocimiento y sanción de las infracciones electorales.
Señalaron que al tenor del artículo 204 del Reglamento Contencioso Electoral, medidas como órdenes de arresto, intervenciones telefónicas, allanamientos y demás medidas preparatorias sólo podrán autorizadas por el miembro del TSE designado como juez de la instrucción.
De igual forma señalan que de no cumplirse con este mandato se estarían vulnerando las normas del debido proceso y serian nulas las pruebas obtenidas, «lo cual comprometería los procesos que se estén llevando por la comisión de crímenes y delitos electorales».
Los abogados manifestaron que la población tiene grandes expectativas en cuanto al rol del fiscal electoral, por lo que exhortan a las autoridades a llevar correctamente los procesos contra las infracciones penales a las leyes electorales.
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