Santo Domingo (República Dominicana).- El gobierno dominicano rechazó un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que denunció que en el país no se han puesto en funcionamiento correctamente leyes para aplicar penas criminales contra funcionarios acusados de corrupción.
También denunció que periodistas dominicanos recibieron amenazas y ataques físicos por denunciar grupos criminales y casos de corrupción en los medios de comunicación.
En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, opinó que el informe del Departamento de Estado estadounidense que cita amenazas a periodistas por denunciar grupos criminales y casos de corrupción en los medios de comunicación, no se corresponde con la realidad.
Vargas argumentó que el país está viviendo una democracia sana y consolidada que se refleja en la administración del Gobierno.
“No se corresponde con lo que está viviendo el país. El país está viviendo un estado de derecho, una democracia sana, una democracia consolidada y eso es lo que nosotros estamos reflejando desde la administración del Gobierno, que ha sido la administración más exitosa en todos los órganos de avances de los derechos humanos en la republica dominicana”, manifestó el canciler dominicano.
El informe del Departamento de Estado de EU publicado este miércoles indica que “El gobierno tomó algunas medidas para castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción oficiales, especialmente entre los altos funcionarios”.
“El poder judicial desestimó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder judicial era un problema grave”, agrega.
Igualmente, expresa que algunos funcionarios del Estado no hicieron pública la declaración de sus bienes a pesar de que Ley indica que el presidente, el vicepresidente, los miembros del Congreso Nacional, entre otros oficiales deben presentar la rendición de sus bienes.
Sostiene que a pesar de que leyes dominicanas establecen un poder judicial independiente, el Gobierno “no respetó la independencia judicial y la imparcialidad”.
También destaca que hubo enjuiciamientos selectivos y despidos de casos en medio de denuncias de soborno o presión política indebida.
El Departamento de Estado de EU señala que la forma más frecuente de interferencia con las órdenes judiciales se produjo cuando las autoridades se negaron a cumplir con los recursos de Habeas Corpus para liberar a los detenidos.
Mencionó que en septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia comenzó el juicio contra seis de los 14 vinculados en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de haber pagado 92 millones de dólares como soborno por contratos de obras del Estado.
“Los seis acusados incluían un senador, un representante de la cámara baja, un exsenador y un exministro de Obras Públicas. La sociedad civil acogió con beneplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para investigar a fondo el caso, que involucraba a las élites políticas y económicas del país”, cita el informe.
También cita a varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para establecer que muchos funcionarios recibían un salario del Gobierno sin realizar ningún trabajo y que algunos municipios pequeños tenían más empleados en la nómina de lo que podían alojar sus oficinas físicas.
Igualmente, menciona actos de corrupción por parte de varios funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, incluidos agentes de policía, funcionarios de inmigración y de prisiones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos también señala en su informe que periodistas dominicanos recibieron amenazas y ataques físicos por denunciar grupos criminales y casos de corrupción en los medios de comunicación.
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