Rafael de Los Santos
La diáspora dominicana debe tomar acción legal contra el Estado Dominicano, ya que establecer impuestos es una facultad del congreso, no del presidente de la República, por lo tanto, el Decreto 430-17, que grava con 10 dólares a los dominicanos para entrar al país es ilegal.
En diciembre del 2017 el expresidente Danilo Medina habilitó de manera «improcedente» un decreto que restringe libertades y derechos a los/as dominicanos/as que viven fuera del territorio, imponiéndoles un impuesto de entrada a su país con valor de $10 dólares establecidos al momento de la compra de un ticket aéreo.
Según la constitución, ningún presidente dispone de la suficiente fuente legal para habilitar un decreto en materia de impuestos sin la previa aprobación de una ley del congreso; dicha ley puede delegar funciones legislativas al presidente en situaciones de emergencia y con fecha de vencimiento, es decir que está sometido dicho decreto a un tiempo y plazo determinado de la misma situación de emergencia.
En base a nuestra constitución, «un decreto en materia de impuestos al que previamente no se le ha otorgado proceso de aprobación de una ley del congreso es inconstitucional dado que se trata de una ley de rango constitucional y toda norma inferior que la vulnere es inconstitucional y, por lo tanto nula».
La comunidad dominicana en el exterior EXIGE al presidente Luis Abinader la modificación inmediata del decreto 430-17 que nos trata como si fuésemos turistas y no nacionales dominicanos/as.
EXIGIMOS respeto a nuestros derechos constitucionales como dominicanos/as que somos, por el valor de nuestros aportes al PIB (Producto Interno Bruto) de la nación.
EXIGIMOS la modificación pura y simple de este decreto inconstitucional, -Facultad revocatoria que ostenta el presidente de la República- El solo recurso de la pregunta: Nacionalidad en el formulario de compra del boleto a las líneas aéreas puede evitar el cobro de los $10 dólares.
Yo no tengo que pagar para entrar a mi país, no soy turista, yo soy dominicano/a.
(El autor es miembro Dirección Nacional de Alianza País).
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