Santo Domingo (República Dominicana).- La comunidad de Salamanca, perteneciente al distrito municipal de La Cuaba, en Pedro Brand, manifestó su inquietud ante la posibilidad de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgue una licencia para la entrada en operación de una mina que, según sus previsiones, tendría un efecto destructivo desde el punto de vista ambiental, económico, social y de salud.
La Asociación de Parceleros del Salamanca y propietarios en el Vacacional Matúa, contiguo a la zona donde se ubicaría la explotación, dieron la alerta al enterarse por la prensa sobre la presentación al ministerio de un estudio de impacto ambiental que busca la aprobación de la Mina Manolo Salcedo, en un área de 1.2 millones de metros cuadrados, para explotar piedra caliza y otros materiales.
Luis García, secretario general de Asociación de Parceleros de Salamanca; Salima David Subero y Eudis Gómez Ramírez, propietarios en el Vacacional Matúa, instaron al Ministerio de Medio Ambiente a ponderar el daño que generaría la operación minera frente a cualquier beneficio pecuniario, incluso para los distritos municipales en términos de arbitrios.
Indican que de aprobarse la explotación, 28 ciudadanos, cuyas propiedades fueron dquiridas desde hace dos décadas, se verán afectadas por la operación.
Por la situación, los posibles afectados elevaron la semana una instancia de oposición ante el ministerio definiendo los perjuicios ambientales, económicos, sociales y de salud que causaría la mina no metálica, tipo cantera en seco, a cielo abierto para la extracción, trituración y comercialización de piedra caliza y roca basáltica.
Para los sustentantes de la instancia, llama la atención que el propietario de la mina, Manolo Salcedo, plantea hacer una inversión de RD$8.2 millones para extraer material no metálico a costa de destruir montañas, especies vegetales únicas y fuentes de agua y que contemple al mismo tiempo un gasto de solamente RD$1.0 millón en remediación ambiental.
Cuestionan que la Mina Manolo Salcedo, no metálica y a cielo abierto, busque operar 10 años con sus efectos destructivos que supondrán derribar derivaciones de La Sierra de Yamasá y trate de mitigar los daños con apenas RD$20,000 para las aguas subterráneas; RD$50,000 para control de polvo; RD$61,000 emisión de gases; RD$40,000 restauración de fauna, entre otros montos que no compensarán el desastre.
La instancia elevada al Ministerio de Medio Ambiente cuestiona, por igual, que el estudio ambiental para solicitar la licencia de la citada mina no se refiera a fuentes de agua de la zona, como el arroyo Matiguelo, que nace justo detrás de donde se habilitaría la operación, y que más adelante se convierte en río, como tampoco toma en cuenta el arroyo Matúa.
En los alrededores de la mina, no sólo decenas de adquirientes de terrenos han construido segunda casa y otras infraestructuras, sino que también hay cultivos agrícolas, crianza de abejas, de peces y otras actividades que sirven de sustento a cientos de campesinos de la zona, así como un área experimental que cultiva especies frutales que actualmente se encuentran en extinción.
Según los perfiles del proyecto, la actividad extractiva y de trituración se realizaría diariamente durante toda la semana, exponiendo la zona a la emanación de polvillo, al ruido y a una intensa actividad de transporte en vehículos pesados, al margen de los riesgos para la flora, la fauna, las aguas y los suelos que sufrirán erosión con la destrucción de la capa vegetal.
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