Santo Domingo (República Dominicana).- El Poder Judicial dominicano trabaja contra la corrupción para determinar actos antijurídicos, fallas y debilidades, aseveró este miércoles el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala.
Jerez Mena habló en esos términos en el seminario virtual «Retos de la integridad y la lucha contra la corrupción en el sistema de justica: buenas prácticas y experiencia adquirida», con la participación de representantes de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción que se celebró este 9 de diciembre, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción.
El magistrado indicó que la integridad institucional es un tema de primer orden para el Poder Judicial dominicano, contemplado en el eje estratégico Integridad para una Justicia Confiable.
«Hoy, Día Internacional contra la Corrupción, es una excelente ocasión para motivar a nuestros países e instituciones a generar los controles pertinentes, así como diseñar e implementar planes de prevención contra este flagelo que arropa nuestras sociedades», expresó.
El magistrado Jerez Mena añadió que en situaciones de emergencia la falta de información, la incertidumbre y la prisa con que se produce la respuesta pueden dar paso a especulaciones, ineficiencias, así como desviación y distracción de recursos, sobrevaluaciones, entre otros ilícitos relativos a la corrupción.
«Toda administración que maneje recursos debe aumentar los niveles de rigor para la prevención, promover buenas prácticas e incentivar mecanismos que protejan y promuevan el uso eficiente de los recursos invertidos y gastados. Hablamos de evitar actuaciones contrarias a la ética, la integridad y las normas», expresó.
En su ponencia, el magistrado Jerez Mena indicó que se han realizado esfuerzos en el Poder Judicial dominicano para implementar un Plan de Prevención y Sanción de las conductas no íntegras, basado en un sistema de gestión de riesgos que posibilite la detección temprana y evitar actos corruptos.
«Para esto, se ha construido un mapa de riesgo mediante indicadores sociales, económicos y el comportamiento institucional de los jueces, juezas y servidores judiciales y administrativos, para determinar actos antijurídicos, fallas y debilidades», expresó.
El objetivo de la campaña es mostrar que la corrupción tiene un impacto devastador en la vida de las personas en todo el mundo y que es una práctica existente en los diferentes sectores de la sociedad.
La iniciativa comunica los desafíos actuales y las maneras concretas de superarlos. Los mensajes clave se centran en destacar la urgencia de luchar contra la corrupción; reconocer la importancia de mitigarla para recuperarse mejor de la crisis, así como instar a los gobiernos y al sector privado a garantizar la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en los negocios diarios.
En el seminario se expusieron los principales retos de una administración de justicia integral en tiempos de COVID-19; los retos a los que se enfrentan los países para la prevención de la corrupción en tiempo de pandemia y algunas pautas institucionales del modelo de gestión de riesgos de corrupción en el sector justicia.
En el mismo, Patricia Polo Bossio, coach ejecutiva y consultora organizacional, expuso sobre el tema «Pautas institucionales para el diseño y puesta en marcha de un modelo de gestión de riesgos de corrupción en el sector justicia».
En esta actividad se dieron cita los y las presidentes y presidentas de las Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica y del Caribe, así como jueces, juezas, servidores judiciales, fiscales y comunidad jurídica de los países de la región.
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