Santo Domingo (República Dominicana).- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso declaró este domingo que “este Ministerio Público ni se intimida, ni se vende”, en expresiones ante el juez José Alejandro Vargas, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que conoce la medida de coerción, contra 11 imputados en la
“Operación Anti Pulpo”.
“Aquí hay crimen organizado y la peor manifestación de la criminalidad organizada es la corrupción”, aseveró Reynoso al solicitar al juez la variación de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Rafael Germosén, ex contralor de la República.
La magistrada pidió la variación a prisión domiciliaria con vigilancia “porque él se ha atrevido a dar el primer paso”, aunque no ha dicho todo lo que sabe.
Señaló además que no solicitarían se le impusiera un grillete de seguridad a Germosén, porque esos aparatos eran suplidos a la Procuraduría por una empresa de Alexis Medina Sánchez, uno de los imputados, y que ese aparato representaría un peligro para la propia seguridad del ex Contralor.
Asimismo, al reaccionar a una objeción del abogado José Minier (cuando se leía la acusación) de que se estaba ligando todo, cuando lo correcto era individualizar las acusaciones, cuando se leía la acusación, Reynoso respondió que “en su momento como santiaguera me voy a encargar de ustedes”.
Dijo que si cualquiera de los imputados deseaba hace un trato con la Procuraduría, le darían un trato privilegiado, “porque nosotros sí creemos en las delaciones premiadas”.
Por su parte, Wilson Camacho, jefe de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), declaró que los imputados de la “Operación Anti Pulpo”, desarrollaron un modo operativo que les permitió sustraer del erario cerca de cinco mil millones de pesos, con un ciclo que se iniciaba con el tráfico de influencia, se apoyaba en el entramado societario que dirigía Juan Alexis Medina Sánchez y se reforzaba con la inversión en la campaña política de candidatos oficiales.
Al describir en el conocimiento de la medida de coerción contra los 11 imputados en este caso, cómo operaba el grupo de exfuncionarios, proveedores privilegiados y testaferros, Camacho dijo que estas actividades fraudulentas permitieron a los imputados “tener vidas de lujo, en detrimento de las grandes mayorías”, y citó los RD$4,796,775,128 sustraídos de los fondos públicos.
Se preguntó cuántas soluciones en estructuras hospitalarias, carreteras, servicios educativos, eléctricos e inversión social pudo haber ofrecido la administración pública con esos recursos.
“Este ha sido un entramado de corrupción que ha encontrado el Ministerio Público en su investigación y que hemos dicho públicamente que ha funcionado como un pulpo, porque de lo que se ha tratado es de que la cabeza operativa de este entramado de corrupción ha tenido tentáculos en diferentes instituciones del Estado”, añadió Camacho.
Mencionó entre las dependencias que favorecieron al entramado del Pulpo a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), una dependencia que, por su ubicación en el organigrama estatal, tiene como superior directo a la Presidencia de la República, la cual estaba bajo la responsabilidad del presidente Danilo Medina Sánchez.
Expuso que a través de la Fundación Tornado Fuerzas Vivas, que también tenía domicilio en la 27 de Febrero 328, el grupo invertía parte de los fondos que había obtenido de manera fraudulenta en proyectos políticos oficialistas que permitieran mantener el modo operativo que les rentaba tantos beneficios.
El Ministerio Público planteó ante el juez Vargas, que las empresas del entramado de corrupción encabezado por Alexis Medina Sánchez operaba desde una “misma guarida”, un local comercial ubicado en la avenida 27 de Febrero, en el sector Bella Vista, del Distrito Nacional.
Camacho y la fiscal Mirna Ortiz, que comenzaron a exponer la acusación luego de un receso de 45 minutos dispuesto por el juez Vargas, resaltaron que las empresas de carpetas creadas por Medina Sánchez para fungir como suplidor del Estado aprovecharon su vínculo directo con el hermano del imputado, el entonces presidente Danilo Medina (2012-2020), y señalaron que eran compañías que no registraban ni el capital y el personal necesario para ofrecer los servicios para los que fueron favorecidos con contratos millonarios en diferentes instituciones del Estado.
Las empresas operaban desde la avenida 27 de Febrero, número 328, en el edificio RS, de Bella Vista. Allí elegían domicilio compañías como Domedical Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, General Medical Solution A.M. SRL, United Suppliers Corporations SRL, Kyanred Supply SRL, General Supply Corporations, Watt Max Dominicana SRL y Fuel American Inc. Dominicana SRL. Usaban “la misma guarida”, enfatizó Camacho.
Por su lado, la fiscal Sourelly Jáquez, al presentar pruebas de lavado de activos ante el juez de la Instrucción, dijo que Juan Alexis Medina Sánchez guardaba “contra escritos” que decían: “Aunque eso esté a nombre de fulano, es mío”.
Otros imputados además de Alexis Medina Sánchez y su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, son: Francisco Pagán, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Fernando Rosa, expresidente del Fonper; el exministro de Salud Pública, Lorenzo Hidalgo Núñez; Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
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