Redacción (Telesur).- Colombia registró 45 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, ocho homicidios de firmantes del acuerdo de paz y 26 masacres durante los primeros 100 días de la presidencia de Abelardo de la Espriella, refiere un informe divulgado este domingo por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El informe «100 días: el costo humano de la violencia», describe los principales indicadores de violencia contra liderazgos sociales, firmantes del Acuerdo de Paz, víctimas de masacres, desplazamiento forzado, afectaciones a integrantes de la fuerza pública, acciones militares y denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales entre el 7 de agosto y el 15 de noviembre de 2026.
El balance, elaborado por Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, advierte sobre la persistencia de la violencia contra la población civil en distintas regiones del país.
Líderes sociales
De los 45 líderes sociales asesinados (con una tasa de un asesinato cada 2.2 días), 36 eran hombres y nueve mujeres. En 44 de los 45 casos no se ha identificado al presunto responsable.
Indepaz señala que los liderazgos comunitarios (13) y comunales (11) suman 24 de los 45 casos: más de la mitad del registro.
«Este perfil es importante porque se trata de personas que gestionan necesidades cotidianas, interlocución con instituciones y resolución de conflictos locales. Los siete casos de liderazgos indígenas exigen, además, una lectura de afectaciones colectivas a las autoridades y formas propias de organización», apunta el informe.
La afectación territorial se concentra en Cauca (11 casos) y Antioquia (8); siguen Putumayo (4) y La Guajira, Meta, Valle del Cauca y Norte de Santander (3 cada uno).
Indepaz sostiene que «la pérdida de un liderazgo no se agota en la víctima individual. En muchos territorios implica el debilitamiento de juntas de acción comunal, organizaciones campesinas, procesos indígenas y afrodescendientes, colectivos juveniles y redes de defensa de derechos. Puede generar temor, silenciamiento, desplazamiento de otras personas líderes y restricciones a la participación comunitaria».
Asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz
«100 días: el costo humano de la violencia» recoge que entre el 7 de agosto y este 15 de noviembre fueron asesinados ocho firmantes del Acuerdo de Paz, «todos hombres», en un nuevo balance sobre los riesgos que afrontan quienes dejaron las armas y permanecen en el proceso de reincorporación.
Nariño y Cauca reportan dos casos cada uno; Valle del Cauca, Cesar, Norte de Santander y Putumayo registran uno por departamento. «Este indicador permite observar los riesgos persistentes para personas en proceso de reincorporación y requiere diferenciar la condición de firmante de otras modalidades de reintegración», señala Indepaz.
Masacres
Durante el periodo que cubre el informe, el Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz documentó 26 masacres que dejaron 87 víctimas, entre ellas cinco menores de edad.
El departamento Valle del Cauca concentra seis masacres; Antioquia y Tolima, tres cada uno; Huila, dos. Por número de víctimas sobresalen Valle del Cauca (18), Tolima (12), Huila (10) y Antioquia (9).
«Las masacres generan temor colectivo y pueden alterar la movilidad, la vida comunitaria y la permanencia en el territorio. Para interpretar sus causas se requiere analizar, caso por caso, disputas armadas, estructuras criminales, posibles retaliaciones y contextos locales», indica el reporte, que tipifica como «masacre» el homicidio intencional y simultáneo de tres o más personas en estado de indefensión, por un mismo autor y en circunstancias comunes de modo, tiempo y lugar.
Desplazamientos forzosos
Indepaz reporta 17 eventos de desplazamiento que afectaron a 6.667 personas en agosto y septiembre. Precisa que 13 de esos eventos fueron masivos.
Cauca encabeza el registro, con 3.474 personas (52.1% del total), seguido de Chocó (1.609), Antioquia (739) y Bolívar (424).
«El indicador expresa expulsión forzada del territorio y ruptura de la vida comunitaria, pero no representa un acumulado completo de los primeros 100 días: es el registro disponible para dos meses», refiere el informe.
Bajas en la fuerza pública
El documento recoge 43 uniformados asesinados y 219 heridos, atribuidos a balances del Ministerio de Defensa divulgados por medios de comunicación.
«Los homicidios y las lesiones de integrantes de la fuerza pública muestran la persistencia de la confrontación y la capacidad de daño de los actores armados. Su análisis requiere distinguir ataques en operaciones, emboscadas y otros hechos», señala Indepaz.
Terrorismo y bombardeos
Con arreglo a una categoría de registro utilizada por el Ministerio de Defensa y con base en un balance de ese organismo difundido en medios de comunicación, Indepaz menciona 339 hechos clasificados como terrorismo entre el 7 de agosto y el 5 de noviembre de 2026.
Refiere que, durante los primeros 100 días de gobierno de Abelardo de la Espriella, se documentaron ocho bombardeos.
En este punto, Indepaz recuerda que «los bombardeos contra objetivos militares pueden estar permitidos por el derecho internacional humanitario, pero su legalidad no es automática. Toda operación debe cumplir los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, orientados a proteger a la población civil y evitar daños indiscriminados o excesivos».
El informe menciona como «preocupación especial» la presencia de niños y adolescentes, reclutados, en los campamentos que se pretende bombardear.
«Antes de ordenar un bombardeo es indispensable evaluar cuidadosamente la información disponible sobre la presencia de menores reclutados, su situación concreta y los riesgos que enfrentarían. La existencia de un objetivo militar no elimina la obligación de proteger a los menores ni autoriza ataques indiscriminados», añade.
De la Espriella: 100 días de radicalización, escándalo y «show» personalista
Abelardo de la Espriella prometió su Patria Milagro con mano dura, el fin de la «paz total» y el control del crimen en 90 días. Prometió también un gobierno en que no habría clientelismo (roscas) y que generaría mayor reactivación económica, aun cuando Gustavo Petro dejó saldos positivos en reducción de la pobreza, caída del desempleo, una baja de 13 al entorno de 5% de la inflación entre 2022 y 2026, reformas laborales y una apreciación del peso colombiano.
Desde el primer día, su mandato ha estado marcado por la radicalización, la inestabilidad y un personalismo que se expresa en lo que muchos han señalado como constante puesta en escena.
La patria del «show» y la opacidad
La lista incluye desde puestas en escena ordenando una demolición o un bombardeo por walkie-talkie frente a las cámaras, con uniforme militar y con arma, y actos que se diluyen en relaciones públicas sin resultados concretos (como dar llaves de cartón simbólicas a afectados por el terremoto), hasta firmar bombas con su nombre, pasearse entre cadáveres de presuntos guerrilleros con música de fondo, o grabar bienvenidas populares «montadas» y despliegues de seguridad personal con un alto componente mediático, con personal audiovisual especialmente dedicado.
Entre escándalos y gestiones deficientes, han dejado sus cargos una veintena de funcionarios, incluidos los ministros de Educación Viviane Morales, e Interior, Rodrigo Lara, y el gerente del llamado Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo.
Uribe tenía un salario de más de 39 millones de pesos, superior al de un ministro, y otros funcionarios ganaban entre 33 y 36 millones, para un fondo salarial mensual total de 765 millones sin mostrar resultados. En contraste, a tres meses del terremoto de agosto, el organismo no superó una decena de contratos, por un 1.2% del total de presupuesto disponible estimado, sin proyectos de vivienda en marcha y con crecientes dudas y señalamientos sobre su transparencia.
LEA TAMBIÉN:
Miles de colombianos marchan en primer paro nacional contra De la Espriella
Miles de familias siguen damnificadas y sus viviendas dañadas o destruidas desde agosto. En redes sociales son frecuentes videos y reclamos sobre la inexistencia de labores concretas de recuperación en los territorios afectados. Cientos de familias permanecen viviendo en carpas.
Con la recuperación también está relacionada la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, presidida por la primera dama Ana Lucía Pineda, en el centro de una controversia por el manejo y la falta de transparencia sobre las donaciones recaudadas tras el terremoto, los montos disponibles y su ejecución.
La fundación sostiene, al negarse a publicar balances contables y extractos bancarios, que es una entidad privada sin ánimo de lucro que no administra recursos públicos, por lo que sus finanzas están amparadas por la reserva legal. Varios congresistas, sectores de la oposición y demandas judiciales, es que se trata de fondos públicos, de interés social y salidos de una iniciativa promovida desde el Gobierno.
La patria de la «rosca»
En cuanto a su promesa de meritocracia contra clientelismo, uno de los rasgos de sus primeros 100 días de gobierno han sido las «roscas», con el nombramiento de familiares, familiares de aliados políticos, amigos, socios de negocios, cercanos a su círculo personal y cuotas partidistas en entidades claves durante sus primeros 100 días.
Uno de esos casos, por su cercanía a la campaña electoral de De la Espriella, fue Uribe al frente del Fondo Milagro. Opositores y medios han señalado también a la primera dama, al frente de una fundación para gestionar dinero de recaudaciones sin experiencia ni capacidad técnica.
Investigaciones de medios han señalado decenas de casos de «rosca» (vínculos familiares o personales de De la Espriella, cuotas políticas o familiarias de cercanos al mandatario) en entidades estratégicas del Estado, desde el despacho presidencial, la secretaría de la vicepresidencia, el Banco Agrario, el Fondo Milagro, superintendencias, altos argos del sector minero-energético (incluido Ecopetrol), ministerios y embajadas.
Radicalismo, censura y contrarrevolución cultural
Con un discurso radical que no disfraza la violencia, De la Espriella ha rechazado el proceso y las instituciones que representan el proceso de paz (como la JEP), ha tomado acciones para limitar el derecho protesta y promover el porte de armas, y protagonizado episodios de abierta censura como el retiro de más de 60 obras y objetos museables, relacionados con la memoria cultural e histórica colombiana, del Museo Nacional, en Bogotá.
La policía reprimió a manifestantes pacíficos que protestaron frente al Museo. Finalmente, por una decisión judicial, debieron ser reinstaurados los objetos retirados.
A pocos días de haber tomado el poder, en agosto, su Gobierno suspendió los espacios periodísticos y locales de las 20 emisoras creadas por el Acuerdo de Paz de 2016, así como de 11 estaciones regionales de Radio Nacional, un paso denunciado como un ataque contra la diversidad y la libertad de expresión.
En cuanto a su promesa de «mano dura», su política de guerra y lo logrado hasta el momento, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en su análisis «Más allá del relato, ¿qué ha ocurrido en los primeros 100 días de De la Espriella?», señaló que, aunque la seguridad es el centro de la agenda del Gobierno, aún no hay «una estrategia capaz de traducir los operativos en una reducción del poder de los grupos armados».
Para la FIP, «el protagonismo que ha asumido el presidente en la comunicación de los resultados también debe ser revisado».
LEA TAMBIÉN:
De la Espriella amenaza autonomía universitaria anuncia y que la policía podrá entrar en los campus
La institución consideró que «la exhibición de cuerpos de personas abatidas, la confrontación pública con detenidos y la presencia del mandatario en operativos pueden producir réditos políticos inmediatos, pero desplazan a las instituciones encargadas de conducir la seguridad y abren flancos jurídicos y de legitimidad».
Es una de las expresiones del personalismo de De la Espriella, reforzado con el permanente espectáculo en sus apariciones y movimientos. Según FIP, «el liderazgo presidencial es necesario; el protagonismo personal, en cambio, puede debilitar a las instituciones que deberían sostener la política».
La ofensiva de De la Espriella también ha ido acumulando crecientes denuncias sobre ataques y muertes de campesinos en los operativos militares, así como del retorno de los tristemente recordados «falsos positivos».







