Por José Alejandro Vargas
La Ley núm. 97-25, Orgánica que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, establece en su artículo 291, relativo al anticipo de prueba, lo siguiente:
“Artículo 291.- Anticipo de prueba. Excepcionalmente, las partes pueden solicitar al juez un anticipo de prueba cuando:
1) Se trate de un peritaje que por sus características no permita que se realice posteriormente un nuevo examen;
2) Es necesaria la declaración de un testigo que, por algún obstáculo difícil de superar, se presuma que no podrá hacerse durante el juicio o, cuando por la complejidad del asunto, exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales sobre lo que conoce;
3) Se trate de víctimas y testigos de casos de criminalidad organizada con riesgo de ser amenazados o intimidados, víctimas de violencia de género e intrafamiliar, extranjeros que no residen en el país, o personas en condición de vulnerabilidad”.
El anticipo de prueba se perfecciona mediante la realización del acto ante el juez y su registro por un medio fehaciente, cuya conservación corresponde al Ministerio Público, como garante de la licitud e integridad de la prueba y de su cadena de custodia. Técnicamente, cuando se trate de objetos o documentos probatorios, debe acreditarse su autenticidad mediante la intervención del testigo o perito correspondiente, con cuya declaración se establecen las bases para su incorporación y valoración.
La circunstancia de que una prueba haya sido obtenida anticipadamente, con observancia de los requisitos establecidos por el legislador, no significa que su contenido tenga un valor probatorio predeterminado. Una cosa es la regularidad de su obtención e incorporación al proceso y otra, distinta, la valoración que corresponde realizar al juez conforme a las reglas de la sana crítica. En consecuencia, el cumplimiento de los requisitos formales y materiales exigidos para el anticipo de prueba no supone, necesariamente, que su contenido deba ser considerado verdadero ni que se encuentre revestido de una eficacia probatoria superior a la de las demás pruebas legalmente incorporadas al proceso.
La valoración de la prueba es una de las áreas más complejas dentro del vasto campo del derecho probatorio. Alsina sostiene que “las reglas de la sana crítica no son otras que las que prescribe la lógica y derivan de la experiencia, las primeras con carácter permanente y las segundas, variables en el tiempo y en el espacio”. Couture define las reglas de la sana crítica como “las reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia”.
Las reglas de la sana crítica configuran una categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción, sin la excesiva rigidez de la primera ni la excesiva incertidumbre de la última, siendo, por tanto, una fórmula apropiada para regular la actividad intelectual del juez frente a la prueba. Respecto de la relación entre la sana crítica y la lógica, Couture hace ver que las reglas de la sana crítica consisten, en su sentido formal, en una operación lógica.
Las llamadas máximas de experiencia son definidas por Couture como “normas de valor general, independientes del caso específico, pero como se extraen de la observación de lo que generalmente ocurre en numerosos casos, son susceptibles de aplicación en todos los otros casos de la misma especie”.
Para F. Stein, a quien se atribuye la introducción en el derecho procesal del concepto de máximas de experiencia, estas “son definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”.
A juicio de Montero Aroca, la sana crítica es la operación intelectual realizada por el juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizada con sinceridad y buena fe. Ha sido definida como “la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes” y como la combinación de criterios lógicos y de experiencia que debe aplicar el juzgador.
Las reglas de la sana crítica no constituyen un sistema probatorio distinto de los que tradicionalmente se han venido reconociendo. Se trata, más bien, de un instrumento que el juez está obligado lógicamente a utilizar para la valoración de las pruebas en aquellas circunstancias en que se encuentra en condiciones de hacerlo, esto es, cuando la legislación no lo sujeta a un criterio predeterminado.
El principio exige que el juez motive y argumente sus decisiones. Dado que se aplica en aquellos casos en los que el legislador ha entregado al juez el poder de valorar libremente el resultado de las pruebas, se opone, en este sentido, al concepto de prueba legal o tasada, en el que es la ley la que fija el valor de la prueba. (Placencia V.,R.).
En definitiva, la valoración de la prueba no puede quedar reducida a la simple apreciación subjetiva del juzgador, sino que debe ser el resultado de un ejercicio racional, sustentado en la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos. De ahí que la obligación de motivar las decisiones judiciales constituya una garantía fundamental contra la arbitrariedad, pues permite verificar que las conclusiones del juez encuentran sustento en las pruebas legalmente incorporadas al proceso. De lo contrario, la libertad de valoración probatoria dejaría de ser una facultad racionalmente ejercida para convertirse en una manifestación de la voluntad del juzgador, incompatible con las exigencias del debido proceso.
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(El autor es juez del Tribunal Constitucional, residente en Santo Domingo, República Dominicana).
