Por Sandra Rodríguez Cotto
San Juan (Puerto Rico).- Las organizaciones que integran la campaña Migrar es un Derecho exigieron hoy en conferencia de prensa a los miembros de la Cámara de Representantes que reviertan las enmiendas que el Senado le hizo al Proyecto del Senado 1062 y que restituyan las protecciones de su versión original. También reclamaron vistas públicas para evaluar cómo la medida afecta los derechos de la niñez inmigrante. Si no se atienden esos reclamos, pidieron que la Cámara no la apruebe.
La ACLU de Puerto Rico, Kilómetro 0, Amnistía Internacional Puerto Rico y Comuna Caribe presentaron en el Colegio de Abogados y Abogadas un análisis jurídico de los cambios. Según el documento, las enmiendas eliminaron salvaguardas esenciales para proteger a los estudiantes de intervenciones de las autoridades federales de inmigración en las escuelas públicas.
La medida fue radicada el 6 de febrero de 2026 por la senadora Nitza Morán Trinidad, junto a otros senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP). Fue referida a las comisiones de Gobierno y de Educación, Arte y Cultura. Buscaba establecer mayores garantías para la niñez inmigrante, sin importar su estatus migratorio, mediante restricciones a las intervenciones migratorias en los planteles y mecanismos para proteger su información personal y confidencial.
En la conferencia de hoy también participaron la licenciada Yarima González, de la Comisión de Inmigración del Colegio de Abogados y Abogadas; Miguel Rivera, vicepresidente de la Federación de Maestros; Eva Ayala, presidenta de Educamos; Susan Rivera Miranda, de Únete; e Hilda Guerrero, portavoz de Comuna Caribe.
La ACLU de Puerto Rico sometió este viernes el análisis ante la Comisión de Educación de la Cámara, con el endoso de las organizaciones de la campaña.
A finales de octubre, ambas comisiones presentaron un informe conjunto con enmiendas. Las organizaciones sostienen que esos cambios desvirtuaron el propósito del proyecto y facilitaban la entrada de agentes de inmigración a las escuelas. La ACLU divulgó su análisis el jueves, antes de la votación en el Senado, que se efectuó sin vistas públicas.
Antes de la votación se eliminó una de las enmiendas más cuestionadas, la que permitiría intervenciones con solo una «orden administrativa u otro documento». Aunque la versión aprobada sí exige una orden judicial, las organizaciones afirman que el texto perdió fuerza, claridad y consistencia.
LO QUE CAMBIÓ EN LA MEDIDA
Órdenes judiciales (artículo 7a): el texto original exigía que la orden proviniera de un tribunal competente, estuviera firmada por un juez e identificara al estudiante y la justificación legal de la intervención. La versión aprobada solo requiere que el personal escolar solicite cualquier orden judicial y verifique su alcance y vigencia.
Órdenes administrativas: el texto dispone que una orden administrativa no constituirá, por sí sola, autorización para acceder a espacios no públicos de una escuela. Las organizaciones advierten que esa distinción es ambigua y que no prohíbe categóricamente su uso. Podría, dicen, dejar abierta la puerta a que se invoque para acceder a áreas consideradas públicas. Recalcaron que una escuela pública no es un espacio de libre acceso y que una orden administrativa de una agencia migratoria no equivale a una orden firmada por un juez.
Asesoría legal (artículo 6): se eliminó el requisito de asesoría legal previa a divulgar información estudiantil.
Notificación y acompañamiento (artículos 7 y 8): el proyecto original establecía la notificación a madres, padres o tutores, el acompañamiento del estudiante y la consulta al Departamento de Justicia para verificar los fundamentos legales de la intervención. Según el análisis, el lenguaje aprobado sugiere que esas garantías podrían servir para interferir con la intervención, cuando su fin es proteger los derechos del estudiantado. Sobre la consulta a Justicia, el texto ahora dice que «podrá» hacerse, lo que elimina la exigencia.
Salones de clases: la versión enmendada no conserva una prohibición expresa de intervenciones en los salones y deja abierta la posibilidad de actuaciones durante el horario escolar. Según las organizaciones, esto podría reducir incluso las protecciones del protocolo que el Departamento de Educación adoptó en febrero de 2025.
Las organizaciones advirtieron que estas limitaciones podrían convertir las salvaguardas en trámites pro forma, al impedir que el personal escolar tenga el tiempo y la orientación para verificar la legalidad de una intervención.
«La Cámara de Representantes tiene la responsabilidad de corregir las enmiendas introducidas en el Senado, restituir garantías originales y abrir un proceso de vistas públicas», afirmó la licenciada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico.
Mari Mari Narvaez, directora ejecutiva de Kilómetro 0, calificó de «profundamente indignante» que el Senado apruebe una medida que debilita las protecciones originales mientras las comunidades inmigrantes enfrentan, dijo, una escalada de persecución por parte del ICE. Añadió que Puerto Rico no puede subordinar los derechos de esas comunidades a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
«Ningún estudiante debería temer que acudir a clases pueda exponerlo a una detención o a la separación de su familia», sostuvo la licenciada Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política Pública de la ACLU y quien lideró el análisis. Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico, señaló que el lenguaje aprobado «crea incertidumbre sobre las facultades del ICE y las obligaciones del personal escolar».
EL MARCO LEGAL
Las organizaciones recordaron que, en Plyler v. Doe (1982), el Tribunal Supremo federal reconoció el derecho de la niñez a acceder a la educación pública, independientemente de su estatus migratorio. Añadieron que las protecciones constitucionales contra registros y allanamientos irrazonables, el debido proceso de ley y el derecho a la intimidad siguen vigentes. Advirtieron además que la presencia o amenaza de intervenciones migratorias en las escuelas provoca miedo, ausentismo y abandono escolar, y desalienta a las familias de acceder a servicios esenciales. Según indicaron, este escenario ha sido documentado en Puerto Rico.
