Redacción (Telesur).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, divulgó esta semana un vídeo de helicópteros disparando cohetes contra lo que, según su publicación en redes sociales, era el cuartel general de la poderosa banda 400 Mawozo, en momentos en que crecen los señalamientos sobre la transparencia del acuerdo conlas autoridades haitianas y el trasfondo político del despliegue salvadoreño.
«Cumplimos nuestra promesa», dijo Bukele al informar en X, en un mensaje en creole, que fue destruida «la sede del gang 400 Mawozo» y comentó que «la mayoría de ellos huyeron sin siquiera intentar pelear». Según reportes de prensa, la operación conjunta entre militares salvadoreños y policía haitiana dejó unos 20 muertos.
El mensaje en redes sociales fue replicado por funcionarios salvadoreños y un ejército de influencers progubernamentales, en un movimiento que ha hecho a analistas señalar objetivos políticos del despliegue militar, que irían desde desactivar el creciente escrutinio internacional sobre la operación hasta ganar apoyo político en El Salvador cuando se acercan las elecciones de febrero.
Bukele en campaña electoral, imagen de hombre fuerte
«Es una campaña electoral para promocionar a Nayib Bukele y retratarle como si fuera un superhéroe. Están vendiendo una película de los Vengadores», dijo a la AP el estratega salvadoreño de comunicación política Roberto Dubon. «Está usando Haití como campo de pruebas para implementar sus políticas a nivel internacional», consideró el experto.
La ofensiva militar salvadoreña en el país caribeño comenzó a mediados de octubre, cuando cuatro técnicos de aviación salvadoreños que trabajaban con una misión respaldada por la ONU desaparecieron en un ataque de bandas.
Desde entonces, el Gobierno de Bukele ha enviado 2.500 soldados al país caribeño, con poca transparencia o supervisión. Ese contingente se ha sumado a la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, inglés), autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU, en el combate a las bandas que controlan buena parte de Puerto Príncipe.
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A medida que crece el escrutinio internacional sobre la operación y un líder de banda dijo que los cuatro técnicos han muerto, la narrativa del mandatario ha ido pasando de rescatar a los salvadoreños a erradicar a las bandas haitianas.
La política de estado de excepción permanente y la guerra contra las pandillas en El Salvador, el pilar del gobierno y las campañas políticas de Bukele, han generado numerosas denuncias por falta de transparencia y violaciones de derechos humanos.
Es en ese eje que observadores sitúan el esfuerzo militar contra las bandas haitianas y su reflejo en redes sociales por el mandatario salvadoreño y sus influencers.
Luis Enrique Amaya, consultor de seguridad salvadoreño, comentó a la AP que «la ofensiva haitiana ofrece a Bukele una herramienta para recordar a los salvadoreños sus logros en seguridad antes de la votación».
«Tiene que construir esta narrativa de éxito [en Haití] para fortalecer su imagen como presidente», dijo Amaya. «Bukele no permitirá que se pierda ni un centímetro de su popularidad y legitimidad. Ni un milímetro, ni un solo voto».
Luego de que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Bukele, adelantara las elecciones de 2029 a 2027 y eliminara los límites de mandatos presidenciales en la Constitución para asegurar su permanencia en el Ejecutivo, el mandatario se prepara para las presidenciales de febrero, con su guerra contra las bandas y la pacificación como principal capital político.
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Repercusión internacional y dudas
El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, que viajará a El Salvador en los próximos días, y Luis Abinader, presidente de la vecina República Dominicana, que está proporcionando apoyo logístico y de inteligencia a El Salvador, han apoyado el despliegue de Bukele.
En contraste, organizaciones de derechos humanos han instado a los Gobiernos de Haití y El Salvador a «cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos», alertando de que las operaciones podrían agravar la violencia y afectar a la población civil.
Las preocupaciones en esta área abarcan cuestionamientos sobre cómo se supervisa a las fuerzas salvadoreñas, qué normas rigen su uso de la fuerza, a qué autoridades deben rendir cuentas y cómo pueden las personas denunciar supuestos abusos sin temor a represalias.
A la vez, reclaman que se haga público el acuerdo bilateral entre ambos Gobiernos para el despliegue de las tropas salvadoreñas, que operan por fuera de la GSF, la fuerza multilateral con el mandato del Consejo de Seguridad.
Al escrutinio se sumó esta semana un episodio que involucró a la representación diplomática de EE.UU.
Diplomáticos estadounidenses expresaron su preocupación por la falta de coordinación del contingente salvadoreño con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) autorizada por las Naciones Unidas y los disparos que, según se informa, alcanzaron la embajada de EE.UU. en Puerto Príncipe.
Según un informe de Axios, el encargado de negocios estadounidense en Haití, David Howell, pidió el 4 de noviembre al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé instar al Ministerio de Defensa de El Salvador a detener temporalmente sus operaciones en Haití «lo antes posible», hasta que se estableciera coordinación con la GSF.
Howell advirtió que el estado actual de cosas podría provocar la muerte de tropas de la GSF, civiles o soldados salvadoreños.
El día 5, la Embajada de Estados Unidos en San Salvador envió una protesta formal al Gobierno del presidente Nayib Bukele, objetando la falta de coordinación. La nota diplomática también informó que disparos de armas ligeras salvadoreñas habían alcanzado la embajada de Estados Unidos en Haití.
Según Axios, Bukele, apoyado por Trump en su iniciativa de despliegue militar, habría hablado con el jefe de la Casa Blanca. «Me dijo que hiciera lo que tengamos que hacer, ¿y ahora un burócrata se opone?», dijo una fuente a ese medio citando palabras del presidente salvadoreño.
El lunes último, el secretario de Estado, Marco Rubio, se distanció de la ofensiva salvadoreña y dijo a la prensa que Estados Unidos «no está activamente involucrado». Rubio apoyó a la GSF, respaldada por la ONU, de la que El Salvador no forma parte.
Haití y El Salvador, escenarios distintos
Bukele debilitó a las dos poderosas bandas de El Salvador suspendiendo derechos contitucionales y llevando a prisión a más del 1% de la población. Medios salvadoreños han señalado que también hubo negociaciones con esas bandas.
Ahora ha enviado tropas a Haití y declarado como objetivo las bandas en ese país. Observadores señalan que solo en Puerto Príncipe operan unas dos docenas de bandas conocidas y decenas más fuera de la capital: durante años, han aprovechado la inestabilidad política y los vacíos en la fuerza pública para tomar el poder y sembrar el terror, con armas contrabandeadas, principalmente, desde EE.UU.
Agregan que esos grupos están hoy mejor armados que las pandillas salvadoreñas cuando Bukele inició su ofensiva frontal, en 2022. Son más diversos, están más extendidos y tienen vínculos con parte de la élite política local.
Ese escenario, dijo Tiziano Breda, analista de Armed Conflict Location & Event Data, podría llevar a las tropas salvadoreñas a un conflicto prolongado, u obligar a Bukele a ejecutar operaciones rápidas con efecto propaganda y proyectar victoria antes de retirarlas.
Otro posible resultado, sin descartar golpes efectivos contra los grupos criminales, es que bandas incluso rivales tiendan a unirse y formar coaliciones ante la ofensiva y escale aún más la violencia con un coste humano más alto, como ha ocurrido en el pasado.
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Expertos en seguridad como Diego Da Rin, analista haitiano para International Crisis Group, dudan sobre la capacidad de Bukele para replicar su modelo y vencer a las bandas haitianas.
En opinión de Da Rin, «el afán de las tropas salvadoreñas por lograr victorias rápidas y simbólicas conlleva enormes riesgos para los civiles que pueden quedar atrapados en el fuego cruzado».
El contingente salvadoreño, que incluye miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en el país entre 2004 y 2017.
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