Santo Domingo (República Dominicana). La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) advirtió que la derogación del Decreto 693-24 representa un golpe a la producción nacional de arroz y pidió al Gobierno explicar qué medidas adoptará para proteger a los productores, el empleo rural y la seguridad alimentaria.
La entidad recordó que el decreto establecía que sus medidas mantendrían vigencia hasta que el Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN) recomendara lo contrario, sustentado en un nuevo informe de su Secretaría Técnica. Por ello, solicitó aclarar si la derogación estuvo precedida de esa recomendación y hacer públicos los documentos que fundamentaron la decisión.
CONFENAGRO señaló que el sector arrocero reúne alrededor de 30 mil productores y genera más de 300 mil empleos directos e indirectos. Advirtió que cualquier cambio en las condiciones de importación debe considerar sus efectos sobre las fincas, factorías, cooperativas, transportistas y comunidades que dependen de esta actividad, así como sobre el abastecimiento y los precios al consumidor.
La organización recordó que las diferencias en escala productiva, tecnología, financiamiento y apoyo estatal entre República Dominicana y Estados Unidos requieren medidas que permitan una competencia equitativa. En ese sentido, pidió convocar una mesa de trabajo con las organizaciones arroceras para evaluar el alcance de la derogación y acordar acciones que preserven la producción local y ofrezcan reglas claras para las próximas cosechas.
Asimismo, planteó que, a 22 años de la firma del DR-CAFTA, urge ejecutar un programa de transformación del sector arrocero con metas, presupuesto y plazos verificables. Ese esfuerzo debe incluir mecanización, riego eficiente, asistencia técnica, crédito oportuno y fortalecimiento de la comercialización, con acceso efectivo para los pequeños y medianos productores.
CONFENAGRO reiteró su disposición al diálogo y afirmó que el cumplimiento de los compromisos comerciales debe acompañarse de políticas que preserven la capacidad del país para producir sus alimentos.
