San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes aprobó este lunes el Proyecto del Senado 465 para añadir en el “Código Penal de Puerto Rico” el delito de obstrucción a la autoridad pública y el acto de negarse a cooperar en una investigación criminal, para autenticar una grabación digital, con o sin audio, con contenido delictivo voluntariamente publicada en las redes sociales.
La disposición, aprobada en la Sesión Ordinaria de la Cámara, aplicará a la persona que suba el contenido a plataformas sociales y no cuando se trate de la persona acusada o de quien haya participado de los hechos que la grabación
“Ante la falta de testigos, el contenido de los videos grabados por personas que presencian la comisión del delito se convierte en una valiosa pieza de evidencia con la cual las autoridades pueden investigar y procesar a los autores de los delitos”, se indica la exposición de motivos de la pieza.
Sin embargo, según el lenguaje de la medida, “estas personas no suelen estar disponibles para las autoridades para autenticar los videos, lo que contribuye a la impunidad de los autores de delitos”.
“La falta de cooperación de quienes graban y publican videos con contenido delictivo en las redes sociales es un problema para la lucha contra la criminalidad. Con dicha negativa, estas personas no solamente protegen y encubren a los autores de los delitos, sino que también obstruyen la labor investigativa de las autoridades y el procesamiento criminal de los autores de delito, por lo que se incluye esta conducta calificándola de obstrucción a la autoridad pública”, agrega la exposición del proyecto.
Por otra parte, también fue aprobado, el Proyecto de la Cámara 1386, de Administración, que enmienda el “Código Penal de Puerto Rico” para que el término de prescripción de diez años en los delitos de apropiación ilegal agravada, fraude y lavado de dinero, aplique a cuantías a partir de 50 mil dólares.
En este momento, la legislación provee este periodo de prescripción en casos a partir de los $500 mil, sin embargo, debido a la complejidad que conlleva el esclarecimiento de estos crímenes, se introduce esta enmienda para que sea aplicable a estos sucesos.
Igualmente, se le dio paso al Proyecto de la Cámara 1393, también de Administración, para establecer dentro de la Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, que la devolución al remitente de una citación enviada por correo certificado, aun cuando contenga la anotación de “rechazada”, no constituye un diligenciamiento válido.
Por tanto, el retorno de la misiva no podrá servir de fundamento para que se anote la rebeldía a la parte demandada, ni dictar sentencia en su contra. Además, dispone las alternativas a la parte demandante para citar a su contraparte, incluyendo la entrega personal y el emplazamiento por edicto.
A su vez, se refrendó el Proyecto del Senado 759, con el propósito de establecer que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) tendrá a su cargo, de forma exclusiva, la regulación y otorgación de las licencias o permisos para operar escuelas de conductores categoría 3, que comprende vehículos livianos.
Mientras que al Negociado de Transporte le corresponderá la jurisdicción exclusiva para regular las escuelas, que ofrezcan adiestramiento en la obtención de la licencia para choferes o conductores de vehículos de motor pesados.
De igual forma se aprobó el Proyecto del Senado 896 para atemperar la “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites” (Ley MEDICINAL) con las leyes federales y así garantizar la seguridad en el transporte de carga o personas.
Con esta pieza legislativa se clarifica que los patronos no estarán obligados a las protecciones de empleo que ofrece la Ley MEDICINAL, a los pacientes registrados y autorizados para utilizar cannabis medicinal. Esto cuando se trate de funciones sensitivas de transporte, como chofer de camiones o vehículos pesados, guaguas o autobuses escolares, taxis y conductores de servicios de transportes a través de plataformas o aplicaciones móviles.
“Dado a la importancia que reviste, se precisa establecer una política clara que permita a los patronos del sector de transporte implementar normas de tolerancia cero. Esto garantizará la seguridad de los pasajeros, peatones y otros conductores en las vías públicas”, indica el lenguaje de la medida.
Entre otras medidas que recibieron el beneplácito del pleno está la Resolución Conjunta de la Cámara 206, del representante José “Cheito” Hernández Concepción, para ordenar a la Autoridad Carreteras y Transportación (ACT), a confeccionar un inventario de todas las vallas publicitarias en Puerto Rico, en coordinación con la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), para que cual cumpla con los estándares federales.
