Santo Domingo (República Dominicana).- El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, confirmó el jueves la medida de coerción de arresto domiciliario a uno de los acusados de formar parte de la red criminal que distribuyó sobornos por más de 108 millones de pesos para agenciarse la contratación de seguridad privada en diferentes instituciones públicas del país.
A solicitud del Ministerio Público, la medida fue ratificada a Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana, quien es procesado junto a otras trece personas físicas y jurídicas vinculadas al caso.
Los fiscales Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto representaron al Ministerio Público en la audiencia donde el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la medida de coerción contra el acusado.
En la misma audiencia el juez varió la modalidad de presentación de la garantía económica de 5 millones de pesos en efectivo a contrato para Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase).
“En este caso solicitaron variación de medida de coerción los acusados Bolívar Fernández y Quilvio Rodríguez”, indicó la fiscal Pichardo al responder preguntas de los representantes de los medios de comunicación a la salida del tribunal.
“En el caso de Bolívar Fernández el juez mantuvo la medida de arresto domiciliario en su contra. En el caso de Quilvio Rodríguez lo que hizo fue una variación de la modalidad del cumplimiento, estamos hablando de una garantía económica de 5 millones de pesos, la cual tenía pago en efectivo, y el tribunal decidió que fuera por contrato”, precisó la representante del Ministerio Público, quien informó a los periodistas que la audiencia preliminar de este proceso fue fijada para el próximo 7 de septiembre.
El pasado mes de julio el Ministerio Público presentó acusación y solicitó apertura a juicio para 14 personas físicas y jurídicas que integraban la red de sobornos.
Por el caso además son acusados Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y de Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste. También, Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de la Empresa EdeNorte Dominicana, S.A.; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado seguridad del Inaipi, y de Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.
El expediente, igualmente, incluye a Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Además, fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad del acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez. También, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
El expediente detalla que los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, los cuales fueron exigidos y recibidos por los encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y los demás funcionarios acusados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició una investigación que partió de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que identificó la existencia de una red criminal dedicada a estafar al Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones establecieron que la empresa Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025 pagó sobornos a funcionarios de las esas instituciones públicas, los cuales se realizaron mediante distintas maniobras o modalidades, incluyendo transferencias bancarias y por entrega de dinero en efectivo, las que tenían como finalidad asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa acusada.
