El Consejo de Estado tiene ante su jurisdicción una veintena de demandas que piden anular la elección de Abelardo de la Espriella como presidente, además de medidas urgentes para suspender la toma de posesión del próximo viernes 7 de agosto
Por Claudio Álvarez Dunn
Bogotá, Colombia.- Más de 20 demandas de nulidad electoral se encuentran actualmente activas ante el Consejo de Estado contra la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente cuando apenas queda una semana para que el mandatario asuma las riendas de este país.
Entre los principales argumentos presentados jurídicamente se mencionan cuestionamientos sobre la doble nacionalidad estadounidense del mandatario electo y su presunta incompatibilidad constitucional para asumir la jefatura de Estado y el comando supremo de las fuerzas militares, debido a su juramento de lealtad ante una potencia extranjera. Asimismo, los recursos señalan supuestas fallas técnicas en el manejo del material electoral y la trazabilidad de los comicios, advirtiendo además sobre el impacto de discursos de odio del candidato durante su campaña, lo que empañarían los principios constitucionales.
La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió las demandas que pretenden anular la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, pero ello no significa que exista fraude probado ni que el mandatario electo haya sido declarado responsable, sólo confirma que el tribunal estudiará los argumentos y las pruebas presentadas.
En el caso de la demanda presentada por el aún presidente en funciones, Gustavo Petro, la corte encontró defectos que deben ser subsanados antes de que el escrito pueda siquiera avanzar con normalidad y le dio tres días para que pueda corregir la presentación. De inmediato, Petro anunció que el próximo lunes se presentará a la ciudadanía y al mundo más de 70.000 testigos digitales con las pruebas que demuestran el patrón estadístico que se usó para afectar 1665 puestos de votación y alterar más de 1.800.000 votos supuestamente a favor de De la Espriella.
Cabe recordar que según los resultados oficiales, el candidato derechista Abelardo De la Espriella obtuvo el 49.66% de los votos (12.959.542), mientras que el progresista Iván Cepeda logró el 48.70% (12.708.712), lo que marca una diferencia de apenas 250.830 votos.
Las demandas de nulidad electoral plantean dudas sobre la trazabilidad digital de las papeletas y la imposibilidad de comprobar de qué mesa proviene cada archivo, cuándo fue creado o publicado, si fue modificado o si las firmas corresponden al mismo documento que contienen los resultados. Los escritos mencionan identificaciones genéricas, firmas separadas de las cifras, documentos reemplazados y ausencia de información técnica suficiente para reconstruir el recorrido de los formularios dentro del sistema electoral. Si bien estos hallazgos por sí solos no prueban que hubo fraude ni alteración de votos, los demandantes sostienen que podrían justificar una revisión judicial profunda sobre la autenticidad, integridad y verificabilidad de los resultados.
Varias de estas demandas solicitan la adopción de medidas cautelares urgentes para suspender el acto de posesión programado para el próximo viernes 7 de agosto pero aunque el Consejo de Estado admitió la mayoría de las demandas de nulidad electoral, el alto tribunal entrará ahora a evaluar los argumentos jurídicos y el material probatorio presentado por los demandantes, por lo que la nulidad de la elección sigue siendo una posibilidad sujeta a revisión judicial y no un hecho definitivo.
Muchos analistas se preguntan si la decisión judicial será oportuna o será justicia tardía. “¿De qué sirve una decisión judicial correcta si llega cuando sus consecuencias políticas ya son prácticamente irreversibles?”, cuestiona la oposición por si De La Espriella asume y emite decretos presidenciales. La demanda también involucra al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría, que deberán entregar información y defender la legalidad del proceso, mientras que De la Espriella tendrá la oportunidad de responder y ejercer su derecho de defensa, lo que podría tomar meses.
Mientras el país cafetero se agita en discusiones filosóficas sobre el fraude anunciado aún sin una prueba judicialmente consolidada, la prensa extranjera ha sacado al sol varios “trapitos” del presidente electo, ante el silencio de la prensa tradicional colombiana. Según el diario The New York Times, antes de vincularse a la política, Abelardo de la Espriella ejercía como abogado en Miami, donde atendía casos de clientes procesados por narcotráfico y lavado de dinero. El diario describe su estilo de vida ostentoso y con relaciones controvertidas, entre ellas las que lo vinculan con Alex Saab (ex mano derecha de Nicolás Maduro en Venezuela) y con sectores cercanos a narcotraficantes y al paramilitarismo colombiano.
Al igual que Milei en Argentina, su llegada al escenario político marcó el arribo de un estilo confrontativo, polémico y con frecuencia grosero. Sus expresiones contra Petro, Cepeda y la izquierda fueron duras, despectivas y amenazantes, con ataques personales más que debate programático. De la Espriella levantó su perfil público con un tono teatral y agresivo, dirigido contra adversarios, periodistas e instituciones. En su retórica incluso reapareció el verbo “destripar”, que trasladó la política al terreno de la amenaza visceral y convirtió la violencia verbal en espectáculo.
Con los periodistas -especialmente con las mujeres- recurrió a expresiones irónicas y despectivas, tachándolas de “ignorantes” o de actuar con “mala fe”. Su objetivo aparentemente no era defender su honor, sino intimidar y desgastar a la prensa crítica. No en vano interpuso más de cien procesos, mayormente ineficaces y sin validez, contra comunicadores.
Por otra parte, un reportaje del periodista Gerardo Reyes, quien lidera el equipo investigativo de la cadena Univisión en Estados Unidos, señala que el hoy presidente electo Abelardo De La Espriella habría buscado establecer, en 2021, si las autoridades federales de Estados Unidos adelantaban una investigación que pudiera comprometerlo. Según tres fuentes citadas por el medio, De la Espriella acudió en Miami, acompañado de su abogado, a una reunión con un fiscal federal, un agente de la DEA y otros funcionarios. El fiscal habría respondido que en caso de existir material incriminatorio sería informado mediante una acusación formal.
El artículo relaciona estos temores con una investigación sobre transferencias de fondos provenientes de Alex Saab, antiguo cliente de De la Espriella y acusado en Estados Unidos por lavado de dinero ligado a la corrupción venezolana. El reportaje aclara que De la Espriella no enfrenta cargos criminales en Estados Unidos y recuerda, además, que el elegido presidente dejó Miami en 2022 y se trasladó con su familia a Italia, después de haber desarrollado allí una vida empresarial y profesional de alto perfil. La publicación cobra especial relevancia cuando faltan pocos días para su posesión y cuando ha prometido fortalecer la cooperación con Estados Unidos y combatir con dureza el narcotráfico y la corrupción.
Por si todo lo anterior fuera poco, De la Espriella acaba de anunciar su decisión de realizar la posesión presidencial en la Universidad Santiago de Cali, lo que por un lado reabre una discusión constitucional y por otro vuelve a poner bajo los reflectores los vínculos de la mafia de los años 90 en esa ciudad, algo que permaneció archivado en la memoria del país.
En Colombia la posesión presidencial se realiza en el Capitolio Nacional, donde el presidente electo jura ante el Congreso y recibe la banda presidencial de manos del presidente saliente. El hecho de no hacerlo de esta manera, aparte de que parece inconstitucional, abre recuerdos vinculados a Miguel Rodríguez Orejuela, el narcotraficante graduado de esa universidad y mecenas de la misma. Archivos periodísticos y declaraciones de la propia institución recuerdan que en los años noventa Rodríguez Orejuela realizó una millonaria donación a la Universidad Santiago de Cali para superar una profunda crisis económica.
Mientras los fantasmas de la mafia, el narcotráfico y la inconstitucionalidad rodean la toma de posesión de De la Espriella, por ahora, no hay una prueba judicialmente consolidada del anunciado fraude, sino varios autos de inadmisión. Será el Consejo de Estado quien deberá determinar si se trataron de simples fallas de publicación o de deficiencias capaces de comprometer la transparencia de la elección presidencial y decrete suspender la posesión presidencial prevista para el próximo 7 de agosto.
El tiempo apremia y la «justicia ciega» de este país deberá quitarse la venda de los ojos para ver si fundamenta su fallo en la imparcialidad e igualdad ante la ley o si continuará como un sistema judicial que muchos ven como lento, con demasiada impunidad para los políticos burgueses y a veces selectivo frente al poder o el dinero, en contraste con el símbolo ideal de una justicia imparcial para todos.
(El autor es un corresponsal extranjero residente en Colombia).
