Santo Domingo (República Dominicana).- El Ministerio Público depositó ante un tribunal del Distrito Nacional la acusación formal y solicitud de apertura a juicio en contra de 14 personas físicas y jurídicas que integraban una red criminal que distribuyó sobornos por más de 108 millones para agenciarse la contratación de seguridad privada en diferentes instituciones públicas del país.
Por el caso son acusados Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y de Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
También, Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de la Empresa EdeNorte Dominicana, S.A.; Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargado de Seguridad de Edenorte Dominicana, S.A; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado seguridad del Inaipi, y de Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.
El expediente, igualmente, incluye a Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Además, fueron acusadas las razones jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad del acusado Quilvio Bienvenido Rodríguez. También, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
El Ministerio Público depositó el expediente ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional. El órgano persecutor solicitó que la acusación sea admitida de manera total, con todos sus elementos de prueba, presentados contra las personas físicas y morales acusados, y, en consecuencia, que se dicte en su contra auto de apertura a juicio. Además, solicitó fijar la fecha para conocer la audiencia preliminar.
El expediente detalla que los sobornos identificados ascienden a más 108 millones de pesos, los cuales fueron exigidos y recibidos por los encargados de la seguridad institucional de diversas entidades públicas y los demás funcionarios acusados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició una investigación que partió de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que identificó la existencia de una red criminal dedicada a estafar al Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y la exigencia sistemática de sobornos a cambio de beneficiar a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones establecieron que la empresa Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, pagó sobornos a funcionarios de las citadas instituciones públicas, que fueron tomadas por la estructura criminal para drenar consuetudinariamente fondos públicos.
Esos pagos ilícitos se realizaron mediante distintas maniobras o modalidades, incluyendo transferencias bancarias y por entrega de dinero en efectivo, las que tenían como finalidad asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa acusada Senase.
Los funcionarios acusados, responsables de supervisar el cumplimiento de los contratos y garantizar la correcta ejecución de los servicios contratados, recibían sobornos a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin objeciones ni fiscalización efectiva.
Este esquema de corrupción institucionalizada permitió a las empresas acusadas operar con impunidad, beneficiándose de fondos públicos mediante mecanismos fraudulentos.
La acusación indica que este esquema de soborno generó una completa subordinación del sistema de supervisión y recepción de los servicios contratados, la sumisión de los directores del departamento de seguridad de las instituciones públicas contratantes y facilitó que los acusados desplegaran una serie de prácticas ilícitas orientadas a beneficiar deliberadamente a ciertas compañías de seguridad privada, en detrimento del interés público.
Durante la Operación Lobo, puesta en marcha en el mes de julio del pasado año 2025, el Ministerio Público arrestó a militares y civiles integrantes de la estructura delictiva que impactó negativamente a las citadas instituciones. El grupo enfrenta cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.
