San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes concluyó este martes la tercera sesión legislativa del cuatrienio con la aprobación de un paquete de resoluciones investigativas para abordar, entre otros asuntos, los señalamientos de un presunto patrón de inacción institucional por parte del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), ante supuestos comportamientos abusivos ocurridos en el ámbito deportivo.
Entre ellas, el cuerpo legislativo dio paso a la Resolución de la Cámara 738, que ordena a la Comisión de Recreación y Deportes de la Cámara iniciar una pesquisa sobre presuntas conductas de maltrato a las que han sido sometidas integrantes de la Federación Puertorriqueña de Canotaje durante los procesos de entrenamiento.
La medida, del representante José Aponte Hernández, expone que según las denuncias, estas conductas abarcan acciones de naturaleza física, emocional, psicológica y verbal, que se presentan como parte de los métodos utilizados para preparar a los atletas.
“Estamos pendientes a juegos internacionales, pero hay que estar pendientes de lo que está ocurriendo en el Comité Olímpico y en las diferentes federaciones. En este caso en específico, son múltiples las comunicaciones con relación a señalamiento que se hacen por maltrato injustificado e indebido por parte de uno de los entrenadores”, expresó Aponte Hernández.
Agregó que los incidentes reportados rodean humillaciones públicas, expresiones despectivas relacionadas con el aspecto físico de los atletas, actitudes hostiles y agresivas, así como la privación de alimentos y descanso.
El legislador solicitó al pleno de la Cámara que la investigación se realice de manera urgente de cara a la participación de la delegación de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán el próximo mes en la República Dominicana.
Afirmó que las partes afectadas han intentado canalizar la situación a través del COPUR y la Federación de Canotaje, pero los denunciantes alegan que no han recibido respuesta ni acción concreta para atender las preocupaciones planteadas.
“Representar a Puerto Rico en competencias exige disciplina, compromiso y esfuerzo, pero también requiere entornos seguros donde cada atleta pueda desarrollarse plenamente, sin temor ni abuso. El rendimiento deportivo debe ser el resultado de una práctica sana, humana y respetuosa, no de dinámicas coercitivas que ponen en riesgo la salud física y emocional de los participantes”, manifestó el representante.
Por otra parte, la Cámara de Representantes también aprobó a viva voz la Resolución 735, que exige investigar las circunstancias que rodearon la designación y posterior revocación de Luis “Tuto” Bermúdez como abanderado de la delegación de Puerto Rico para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Los representantes Jorge “Georgie” Navarro Suárez y Luis “Josean” Jiménez Torres, autores de la medida, aseguraron que la secuencia de estos acontecimientos plantea interrogantes de política pública que ameritan la atención de la Asamblea Legislativa.
La Comisión de Recreación y Deportes deberá indagar sobre las normas, criterios y mecanismos de cotejo de antecedentes que utiliza el COPUR para seleccionar a sus abanderados y por qué no detectaron oportunamente la información que más tarde motivó la revocación de Bermúdez.
De igual forma, los autores mencionaron la interrogante respecto al momento en que el COPUR advino en conocimiento de los hechos del año 2018, particularmente ante el señalamiento público de que la institución pudo haberlos conocido con anterioridad a la designación de Bermúdez.
“La transparencia en la toma de decisiones de un organismo que representa a Puerto Rico en el ámbito internacional, y que recibe y administra fondos públicos, constituye un asunto de interés público para Puerto Rico”, señala la resolución.
De acuerdo con información divulgada por los medios noticiosos, los hechos del 2018 se relacionan con una solicitud de orden de protección presentada por una mujer que alegó haber sido objeto de actos lascivos y de privación de su libertad por parte de Bermúdez, y que un tribunal de San Juan expidió en diciembre de 2018 una orden de protección ex parte y, posteriormente, el asunto fue atendido ante el Tribunal de Apelaciones.
Sin embargo, esas alegaciones no fueron adjudicadas en sus méritos y Bermúdez, quien fue seleccionado como abanderado el pasado 17 de junio, ha rechazado públicamente la decisión del COPUR de revocar su designación cinco días después.
Los legisladores buscan conocer si Bermúdez tuvo la garantía del debido proceso de ley y la presunción de inocencia que asisten a toda persona. “Corresponde examinar de qué manera el COPUR concilia ambos principios y si cuenta con protocolos claros, justos y uniformes para tender este tipo de situaciones”.
