San Juan (Puerto Rico).- El Departamento de Educación (DE) reconoció este martes que la deuda de 90 millones de dólares correspondiente a los pagos retroactivos del Programa de Carrera Magisterial no está contemplada en el presupuesto de la agencia para el próximo año fiscal.
Félix Pérez, abogado del DE, explicó en vista pública de la Comisión de Educación, presidida por la representante Tatiana Pérez Ramírez, que la asignación para cumplir con los pagos estipulados en la Ley 158-1999 de Carrera Magisterial está bajo un “planteamiento” ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para el año fiscal vigente.
Sin embargo, la OGP explicó que las recomendaciones enviadas a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), tras identificar algunas transferencias interagenciales, aún están bajo el análisis del ente federal a poco menos de un mes para que culmine el año fiscal 2025-2026 el próximo 30 de junio.
“Yo sé que estamos en un proceso de quiebra, que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal, pero yo creo que nadie puede estar por encima de la ley. Y estamos hablando desde 1999. La Junta de Supervisión Fiscal no estaba aquí en el 1999”, manifestó la representante Pérez Ramírez.
La legisladora criticó que el asunto sobre la histórica deuda de la Carrera Magisterial no haya sido compartido en su totalidad con la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, que evalúa el borrador del Plan Fiscal 2026-2027 y a su vez, reclamó al DE honestidad hacia el magisterio que, según declaró, lleva 27 años esperando por los pagos y ajustes salariales adeudados.
La Comisión de Educación atendió hoy los proyectos de la Cámara 616 7 619, que persiguen, respectivamente, establecer escalas salariales según la preparación académica y los años de servicio de los maestros del sistema público.
Ambas medidas fueron presentadas por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, con la intención de eliminar la Carrera Magisterial y crear un nuevo sistema de compensación al magisterio. Aunque fueron presentadas por petición de la Asociación de Maestros, generaron posturas opuestas entre otros gremios magisteriales.
Los proyectos fueron rechazados por el sindicato Educamos, cuya portavoz Nicole Ramírez, solicitó que la comisión legislativa retome la discusión en torno al reclamo magisterial de 30 años de servicio, 50 años de edad y el 75 % de la pensión vitalicia.
Ramírez exigió que la aprobación de una escala salarial por experiencia y por años de servicio público redunde en el “reconocimiento urgente” de un ajuste de la pensión para los maestros jubilados.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla, indicó que los aumentos por preparación académica que se proponen en el Proyecto 616 son los mismos que se reconocen en la Ley de Carrera Magisterial.
“El Proyecto de la Cámara 616 resolvería los problemas que por años ha acarreado la Ley de Carrera Magisterial y reconocería a aquellos maestros del salón de clases los aumentos que actualmente reciben por concepto de esta”, opinó Bonilla.
Mientras, Mercedes Martínez, presidenta de la Federación de Maestros, favoreció las medidas con enmiendas tras denunciar que el DE ha incumplido con los pagos de la Carrera Magisterial desde el año fiscal 2024-2025 y afirmó que la agencia suspendió, a partir del 2024, el sistema digital en el que se realizan activaciones.
“Un maestro que entró en el 2023 y que ya terminó su maestría, en su gran mayoría tiene solamente el nivel uno, que es la activación. Esos compañeros cualifican para el nivel tres y el nivel dos de Carrera Magisterial, que es el pago más grande”, manifestó Martínez.
No obstante, Pérez, abogado del DE, aseguró que la agencia cumplió con los pagos y ajustes salariales hasta la aprobación de la Ley 66-2014, que declaró un estado de emergencia para la recuperación fiscal y económica de Puerto Rico.
Posteriormente, la Carrera Magisterial fue reactivada con la Ley 9-2022, pero Pérez argumentó que el estatuto primero ordena la identificación de los fondos recurrentes para saldar la deuda que ya estaba acumulada desde 1999.
“Tenemos una deuda de $90 millones que ya hemos planteado aquí que esa solicitud fue sometida por el Departamento de Educación, así que no ha sido arbitrario. Nosotros estamos en cumplimiento de la ley. No es que nosotros congelamos (la plataforma) porque quisimos”, sostuvo Pérez.
