San Juan (Puerto Rico).- La Cámara de Representantes aprobó este lunes por unanimidad un proyecto de ley que propone crear un programa de apoyo integral que facilite la reintegración social de policías estatales retirados al abordar sus necesidades laborales, económicas y de salud mental.
El Proyecto de la Cámara 569, de la autoría del representante Emilio Carlo Acosta, tiene como objetivo garantizar que los policías retirados reciban las herramientas necesarias para adaptarse exitosamente a la vida después del servicio.
“El paso del trabajo policial activo a la jubilación no solo implica un cambio en lo económico, sino también en lo psicológico, emocional y social. La falta de planificación y recursos adecuados en esta etapa puede traducirse en desorientación, dificultades económicas, problemas de salud mental y una pérdida de propósito o identidad”, explicó Acosta.
Tras su evaluación en la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales, la pieza legislativa recibió varias enmiendas para que la transición sea liderada por la Policía de Puerto Rico y cumpla con los parámetros del Acuerdo para la Reforma Sostenible, pero con la colaboración del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).
Asimismo, la legislación delega en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) el peritaje clínico necesario y establece un Protocolo de Delimitación de Funciones para que las agencias definan sus competencias, evitando la duplicidad de esfuerzos y el malgasto de fondos públicos.
El informe positivo del proyecto destaca que su aprobación conllevaría un impacto fiscal al requerir la asignación de recursos para la operación del programa, pero al momento de presentarlo el pasado 21 de abril, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) no había sometido su análisis.
El reporte también menciona la ausencia de comentarios por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Por otro lado, el cuerpo legislativo avaló el Proyecto de la Cámara 1164, que propone enmendar la Carta de Derechos a Favor de los Adultos Mayores con el propósito de incorporar el derecho a la igualdad en el acceso a servicios y tecnologías. La medida del representante Fernando Sanabria Colón, surgió en respuesta al acelerado proceso de digitalización de servicios esenciales en el ámbito público y privado, lo que ha generado nuevos retos de accesibilidad para la población adulta mayor.
Para el legislador, esta población es la más vulnerable al rezago tecnológico, una barrera que se acrecienta en aquellos adultos mayores que carecen de acceso a recursos digitales.
“De este modo, se busca garantizar que ninguna persona adulta mayor sea discriminada o excluida del disfrute de servicios esenciales, ya sea en el ámbito público o privado, por razón de edad, desconocimiento tecnológico o falta de acceso a Internet o equipos digitales”, expresó Sanabria Colón.
