Santo Domingo (República Dominicana).- El juez Rigoberto Sena, del Distrito Nacional, impuso el pago de garantías económicas de RD$5.0 y RD$3.0 millones, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público, a dos hombres vinculados en la captación irregular de clientes beneficiarios de préstamos de una entidad financiera a la que perjudicaron.
Las medidas de coerción fueron impuestas contra Maikol Rafael Ventura Pineda, quien laboraba para la institución financiera, y Carlos Manuel Guzmán, ambos imputados de incurrir en los delitos como asociación de malhechores, robo asalariado o delitos de alta tecnología, estableció la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros.
Contra Ventura Pineda fue impuesta una garantía económica, mediante contrato con compañía aseguradora, por un monto de RD$5,000,000. Asimismo, el juez Sena, impuso al imputado Carlos Manuel Guzmán una garantía económica de RD$3,000,000, bajo la misma modalidad.
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la procuradora general de corte de apelación Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Las representantes del órgano persecutor señalaron que conforme a la fundamentación fáctica de la solicitud, los imputados habrían actuado en asociación para gestionar y aprobar irregularmente préstamos de consumo a favor de terceros, sin cumplir con los procesos de verificación y depuración exigidos por los protocolos internos de la entidad financiera afectada, así como la debida diligencia de sujeto obligado que contempla la Ley número 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Por cada préstamo, los imputados cobraban a la persona captada (cliente) un monto de entre un 8% y un 10% de la suma prestada por la entidad financiera. Además, algunos préstamos lo gestionaban para beneficio propio con nombres de otras personas.
En la instancia de solicitud de imposición de medida de coerción, el Ministerio Público estableció que el imputado Ventura Pineda utilizó su posición dentro de la entidad financiera para aprobar múltiples créditos, mientras que el imputado Guzmán se encargaba de captar a las personas que figuraban como solicitantes de los préstamos que, en total, superaron los 74 millones de pesos.
El Ministerio Público ha calificado los hechos como asociación de malhechores, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos, previstos y sancionados en el Código Penal dominicano, la Ley número 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Las investigaciones en torno al caso continúan a los fines de determinar si existen otras personas vinculadas y detectar otros posibles préstamos otorgados bajo la modalidad ejecutada por los imputados.
