Nueva York.- Los congresistas Adriano Espaillat (NY-13) y Dan Goldman (NY-10), tuvieron acceso este viernes a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el 26 Federal Plaza, para cumplir con sus funciones de supervisión legislativa.
Esta visita de supervisión marca la primera vez, durante la administración Trump, que se permite a miembros del Congreso acceder a estas instalaciones para ejercer sus funciones legislativas legítimas de inspeccionar los centros de detención de inmigrantes y garantizar la seguridad de las personas detenidas y el cumplimiento de la ley federal.
«Hoy vimos a personas recluidas durante tres días o más en celdas sin acceso a duchas, con baños limitados y sin camas adecuadas; un edificio administrativo simplemente no está equipado para albergar detenidos. La obsesión de la Administración Trump por alcanzar una cifra arbitraria e irreal de deportaciones está creando una crisis humanitaria», dijo Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC).
Agregó que «los tribunales reafirmaron nuestro derecho a inspeccionar los centros de detención y ejercimos ese derecho de inmediato; esa es la buena noticia. La mala noticia es que comprobamos lo que ya sabíamos: las expectativas desmesuradas de la Casa Blanca están obligando a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a incumplir las normas. Esta no es la forma en que Estados Unidos debe hacer cumplir sus leyes».
«Hoy, después de meses de que se nos negara la entrada, el representante Espaillat y yo finalmente pudimos acceder al edificio 26 Federal Plaza para ejercer nuestra función de supervisión de las instalaciones del ICE allí. Lo que vimos hoy solo reafirma las claras violaciones tanto de la ley como de los valores estadounidenses por parte de la política migratoria represiva de la Administración Trump. Los inmigrantes que cumplen la ley y no son violentos siguen detenidos hasta por tres días sin duchas ni camas, y a menudo sin posibilidad de contactar a sus familias o abogados», declaró Goldman.
Precisó que «no me cabe duda de que la orden judicial de esta semana, que permitió el acceso del Congreso al 26 Federal Plaza y a otros centros de detención del ICE en todo el país, obligó al ICE a mejorar las condiciones en este lugar. Pero los miembros del Congreso no deberían haber tenido que recurrir a una orden judicial para ejercer su función de supervisión. Continuaré utilizando todas las herramientas a mi disposición, incluyendo regresar aquí para realizar inspecciones sin previo aviso, para exigir rendición de cuentas al ICE y a la Administración Trump».
Previamente, se les había negado el acceso a los miembros del Congreso a las instalaciones del ICE en el 26 Federal Plaza y a la Oficina de Campo de Operaciones de Detención y Deportación (ERO) de Nueva York, ubicada en el mismo lugar.
Sin embargo, el 17 de diciembre, un tribunal de distrito de Estados Unidos falló a favor de doce miembros del Congreso, incluidos los representantes Goldman y Espaillat, quienes demandaron a la Administración Trump en un intento por detener la política del ICE de impedir que los miembros del Congreso realizaran visitas de supervisión sin previo aviso a las instalaciones del ICE, incluidas las oficinas de campo. La decisión del tribunal de distrito restableció temporalmente las facultades legales de los miembros del Congreso para inspeccionar los centros de detención de inmigrantes y supervisar el cumplimiento de la ley federal.
La ley federal (Sec. 527 de la Ley de Asignaciones Presupuestarias del DHS para el año fiscal 2024) permite a los miembros del Congreso visitar las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) donde se detiene a personas no ciudadanas sin necesidad de aviso previo. Sin embargo, a lo largo de este año, a muchos miembros del Congreso se les ha impedido realizar labores de supervisión en estas instalaciones. En respuesta a las preguntas al respecto, los funcionarios del ICE anunciaron una nueva política que exige un período de espera de siete días e impide el acceso a las oficinas de campo del ICE.
El 30 de julio, Espaillat, Goldman y otros diez miembros de la Cámara de Representantes de EU demandaron a la Administración Trump-Vance, impugnando la nueva política como una obstrucción ilegal a la supervisión del Congreso.
La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por los abogados de Democracy Forward y American Oversight, exigía que la Administración cumpliera con una ley federal que garantiza a los miembros del Congreso el derecho a realizar visitas de supervisión a cualquier instalación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ―incluidas las oficinas de campo―, donde se encuentran detenidos no ciudadanos, sin previo aviso.
La sentencia del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, emitida el 17 de diciembre, suspendió temporalmente la política ilegal de ICE de impedir que los miembros del Congreso realizaran visitas de supervisión sin previo aviso a las instalaciones de ICE, incluidas las oficinas de campo.
