La Romana (República Dominicana).- La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, ordenó que 14 funcionarios municipales deberán reintegrar a las arcas del Ayuntamiento los aumentos salariales percibidos de forma «irregular».
La sentencia 0195-2025-SCIV-00647, emitida por la magistrada Karuchy Sotero Cabral, declaró nulo el aumento de RD$15.000.00 que se auto-otorgaron los trece regidores y la vicealcaldesa Nelly Bonilla Arias.
La nulidad se basa en la violación directa del artículo 140 de la Constitución, que prohíbe el incremento de remuneraciones a los funcionarios durante el mismo período para el cual fueron electos.
El tribunal ha ordenado al alcalde, Eduardo Kery Metivier, iniciar la retención del monto cobrado ilegalmente por cada edil y a la vicealcaldesa inmediatamente le sea notificada la decisión. Se ha determinado que los funcionarios percibieron este aumento durante once meses (enero a noviembre de 2025).
La jueza, aplicando el principio de razonabilidad, ordenó un mecanismo de restitución estricto. La Tesorería Municipal de La Romana ha sido intimada a iniciar de forma obligatoria e inmediata, con el descuento (estilo san mensual) de salario de diciembre de 2025, el descuento de los salarios ilegalmente cobrados.
El reintegro se efectuará en once cuotas mensuales y sucesivas de RD$15.000.00 a cada edil y a la vicealcaldesa, hasta completar los RD$165.000.00 que cada uno percibió ilegalmente. El Total global a recuperar por el Ayuntamiento asciende a RD$2,310.000.00.
El recurso contencioso administrativo municipal fue interpuesto por el abogado Wanchy Medina, quien junto a los togados Pedro Hidalgo y Máximo Alburquerque, emprendieron la acción en nulidad. Esta acción ha sido catalogada como una victoria de la legalidad y la fiscalización ciudadana.
“Es una sentencia histórica, la cual le pone obstáculos al uso indebido de los fondos públicos, demostrando que la Constitución está por encima de cualquier acuerdo de aposento. Esta sentencia es un recordatorio claro de que el artículo 140, no es una simple recomendación, sino una prohibición explícita contra el uso del poder en beneficio propio”, manifestaron los abogados.
Asimismo, destacaron que la sentencia evita un perjuicio económico mucho mayor, pues al anular el aumento, se prevé un ahorro de RD$10.080.000.00 para el Ayuntamiento a lo largo de los cuatro años de gestión (48 salarios), demostrando la importancia de detener los actos ilegales desde su inicio.
En ese sentido, exhortaron a las autoridades municipales a dar cumplimiento inmediato y riguroso a la sentencia y advirtieron que cualquier resistencia o dilación en la ejecución de la orden judicial, que exige la retención de los fondos, podría acarrear responsabilidades penales, suspensión de sus funciones, y hasta juicio político que acarrearía destitución, ya que se configura el delito de prevaricación y uso indebido de fondos públicos.
