Redacción (ONU-PRESS).- El relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 se refirió este viernes a las acciones israelíes de control sobre los palestinos como “una afrenta a la justicia” y llamó a Israel a detener inmediatamente todas las prácticas que infligen un castigo colectivo a ese pueblo.

En su informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michel Lynk dijo que las violaciones sistemáticas de las garantías fundamentales de los palestinos dañan diariamente a millones de personas inocentes y lo único que consiguen es agudizar las tensiones y crear las condiciones para aumentar la violencia.

“Es una afrenta a la justicia y al estado de derecho ver que esos métodos continúen utilizándose en el siglo 21 y que los palestinos sigan siendo castigados colectivamente por los actos de unos cuantos”, apuntó.

El experto agregó que todas esas prácticas violan gravemente los derechos humanos de los palestinos, “incluyendo el derecho a la vida, a la libertad de movimiento, a la salud, a una vivienda adecuada y a una vida digna”.

Las estrategias de control de Israel sobre la población palestina transgreden los principios de los sistemas legales modernos, abundó Lynk, y explicó que sólo un individuo que resulta culpable después de un proceso justo puede ser castigado.

El caso de Gaza

“El alcance del impacto devastador de la política de castigo colectivo de Israel se puede observar muy claramente en el bloqueo que inició hace trece años a la Franja de Gaza, un territorio que sufre ahora un total colapso económico, cuya estructura está destruida y cuyo sistema de servicios sociales apenas funciona”, detalló.

El relator señaló que aunque la justificación israelí a ese bloqueo haya sido contener a Hamas y garantizar su seguridad, el impacto de la medida ha destruido la economía de Gaza y ha causado un sufrimiento inmenso a los dos millones de palestinos que ahí viven.

Recordó también que los castigos colectivos están prohibidos inequívocamente y sin excepción por las leyes humanitarias internacionales.

Demoliciones

El informe critica asimismo la demolición de viviendas palestinas y da cuenta de más de 2000 casas destruidas, que han dejado en la indigencia a igual número de familias, por la supuesta comisión de delitos de alguno de sus miembros. “Esto es una clara violación del artículo 53 de la Cuarta Convención de Ginebra”.

Lynk lamentó la Suprema Corte de Israel, al igual que sus líderes políticos, permita el derrumbamiento de viviendas bajo la justificación de que son disuasorias de actos violentos y sostuvo que, al contrario, “sólo fomentan un entorno de odio y venganza, como lo han reconocido los propios dirigentes israelíes del sector de seguridad”.