Santo Domingo (República Dominicana).- El movimiento cívico no partidista, Participación Ciudadana, reclamó a la Procuradora General de la República y a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, dictar las políticas públicas que sean necesarias para garantizar que cada caso de fallecimiento de una persona en alegados «intercambios de disparos», sean minuciosamente investigados, como se anuncia ocurrirá con la muerte de cinco jóvenes en Santiago.
La entidad de la sociedad civil señaló que las investigaciones deben siempre ser efectuadas por fiscales con la colaboración del Ministerio de Interior y la Policía Nacional, y los resultados de las investigaciones deben ser dados a conocer en un tiempo razonable, y de existir responsabilidad penal, los responsables deben ser sometidos a la justicia.
«Para nadie es un secreto que la eliminación de personas bajo un alegado intercambio de disparos no es otra cosa, en muchos de los casos, que la implementación de una política pública que ha prevalecido en todos los gobiernos, sin consecuencias para los responsables. Esta política es inconstitucional e ilegal, y convierte a los agentes del orden en juez y ejecutor, aplicando una pena de muerte que no existe en nuestro país, bajo el falso argumento de control de la criminalidad, que transforma a esos agentes en criminales», manifestó Participación Ciudadana.
Sostuvo que las estadísticas son verdaderamente alarmantes, pues según informa el periódico Diario Libre, al 5 de septiembre del año en curso van 170 personas muertas en esos intercambios, superando en 18 los ocurridos para el mismo período del año pasado.
El Informe de Latinobarómetro 2024 sitúa a la República Dominicana en primer lugar, junto a Bolivia, en violencia desde el Estado con un 21% y Chile con el mejor promedio con 4%, siendo el promedio latinoamericano de 14%.
Las investigaciones de estos casos estuvieron por muchos años en manos de la propia policía y el espíritu de cuerpo impedía una investigación independiente y nunca se divulgaba la suerte de tales investigaciones.
El presente hecho ocurrido en Santiago debe servir para cambiar la impunidad que prevalece en este tipo de casos y no solo en este asunto puntual, sino en cualquier ocasión en que una persona pierda la vida de manos de miembros de la Policía Nacional.
«Corresponde a la Procuradora General de la República, la magistrada Yeni Berenice Reynoso, con la colaboración de la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, diseñar y aprobar las políticas públicas necesarias para garantizar que estas investigaciones se realicen puntualmente en todos los casos y sus resultados sean dados a conocer, y si alguien ha comprometido su responsabilidad penal, sea sometido a la acción de la justicia y se aplique el régimen de consecuencias correspondiente», indicó Participación Ciudadana.
