Santo Domingo (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó condenas de hasta 20 años de prisión contra los procesados, Jairo Joel González Durán y compartes, acusados de cometer estafa por más de US$15 millones y más de 34 millones de pesos, así como más de 3 millones en criptomonedas
Los procesados son acusados como autores del tipo penal de asociación de malhechores, estafa contra particulares, estafa realizada a través del empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones y de haber realizado actividades propias del mercado de valores sin contar con la debida autorización de la autoridad competente y por incurrir en lavado de activos.
El Ministerio Público expuso, al presentar sus conclusiones en el juicio, que la acusación presentada fue probada más allá de toda duda razonable contra González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez.
Los procesados realizaron oferta pública de valores y estafaron por la cantidad de (US$15,866,184.18) y (RD$34,215,561.00), así como la suma de (3,301,857.18 USDT) denominadas Tether US Dollar, USDT, en perjuicio de las víctimas.
En sus peticiones, el Ministerio Público, representado por el procurador general de corte Pelagio Alcántara; la fiscal Lewina Tavárez, directora interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros; Miguel Pichardo, fiscal de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), y Margaret Cabrera Morillo, fiscalizadora adscrita a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, solicitó que se dicte sentencia condenatoria contra todos los acusados.
Los fiscales establecieron con las pruebas incorporadas al proceso cómo los acusados iniciaron un negocio de captación de recursos de terceros, con una empresa que cumplía con las regulaciones legales, desde la cual realizaron una oferta pública masiva y se hicieron entregar recursos de más de 400 víctimas que posteriormente ocultaban a través de maniobras fraudulentas propias del lavado de activos.
El Ministerio Público relató cómo los acusados se promocionaban a través de plataformas digitales, induciendo a las víctimas al error de creer que se trataba de operaciones seguras, a pesar de que estos no estaban regulados por el órgano competente para la gestión del Mercado de Valores, hechos por los cuales fue solicitado que sean declarados culpables.
La solicitud del Ministerio Público fue formulada ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por los jueces Arlin Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez.
Para el acusado Jairo Joel González Durán el Ministerio Público pidió que sea condenado a 20 años de prisión, al pago de 400 salarios mínimos, multa adicional, inhabilitación permanente para ocupar funciones vinculadas al mercado financiero y de valores, así como el decomiso de bienes adquiridos con fondos ilícitos.
Asimismo, solicitó que los acusados Kelmin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal sean condenados a 10 años de prisión, al pago de 200 salarios mínimos y a la inhabilitación permanente en el mercado financiero y de valores.
Con respecto a Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez, solicitó que sean condenados a 5 años de prisión, al pago de 200 salarios mínimos y a la inhabilitación por diez años para ocupar funciones relacionadas al mercado financiero y de valores.
El Ministerio Público también solicitó que se ordene el decomiso de bienes adquiridos con los fondos producto de la estafa, entre ellos, apartamentos en el Distrito Nacional y Playa Nueva Romana, unidades funcionales en el condominio Náutica Business Center, así como vehículos de lujo, incluyendo un Lamborghini Urus 2019, un Audi Q8 2020, una Lincoln Navigator 2021 y una Chevrolet Tahoe 2017, entre otros.
Además pidió que los acusados González Durán, Santos Rodríguez, González Rodríguez y Mejía Martínez asuman el pago de las costas del proceso penal, mientras que al acusado Leandro González Espinal le sean compensadas las costas, por estar representado por un defensor público.
Los procesados enfrentan cargos por violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal de la República Dominicana, el artículo 351, numeral 4, de la Ley 249-17 sobre el Mercado de Valores, el artículo 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como en los artículos 3 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El juicio inició el pasado 28 de abril. El próximo miércoles continuará con las conclusiones de las partes querellantes y las defensas.
