La justicia ha dado un escarmiento necesario para el adecentamiento de la sociedad dominicana al condenar a la ex diputada Rosa Amalia Pilarte López por estar asociada al bajo mundo por lavado de activos de recursos proveniente del narcotráfico.
La dama fue arrestada para que cumpla la condena de cinco años de prisión por su accionar “mafioso” en perjuicio de la sociedad dominicana al hacerse de recursos millonarios durante sus operaciones amparándose en su condición de diputada.
Durante todo un proceso judicial, la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia que condena a la ex legisladora a cumplir condena de cinco años de prisión.
El arresto de la ex legisladora se produce después de que los fiscales realizaran un allanamiento con autorización judicial en su vivienda de La Vega, Pilarte López se entregó ante las autoridades de la Procuraduría General de la República.
El Pleno de la Suprema rechazó el pasado viernes la apelación de la exlegisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia de La Vega, quien fue juzgada en esa instancia por la inmunidad parlamentaria que le correspondía al momento de la acusación.
La sentencia también ratificó el pago de una multa de RD$2,000,000 millones de pesos.
La procesada del Partido Revolucionario Moderno había interpuesto el 15 de julio del año pasado un recurso de casación contra la condena que la Segunda Sala de la Suprema Corte emitió en mayo de 2024.
En su sentencia, la Suprema Corte indicó que los argumentos de la defensa carecían de fundamento, de acuerdo a un comunicado del Poder Judicial.
«Se comprobó que las cuentas de la imputada registraban movimientos millonarios desde 2001, lo que evidenciaba la continuidad de las operaciones ilícitas», se lee en una parte de la sentencia.
El alto tribunal argumentó también que mientras que la exdiputada declaró ingresos por aproximadamente 16 millones de pesos entre 2003 y 2021, movilizó en sus cuentas -en ese mismo período- más de 4,400 millones de pesos.
Esto, a modo de la Suprema Corte, reveló «una discrepancia insalvable con su actividad económica declarada». Pilarte fue diputada en el cuatrienio 2020-2024.
La sentencia subrayó que la condenada actuó con conocimiento del origen ilícito de los bienes y transfirió múltiples inmuebles a la empresa fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, en lo que constituía un «patrón típico de colocación, estratificación e integración propio del lavado de activos».
Para la Suprema Corte, la condena se fundamenta en «pruebas suficientes, indicios razonables y valoraciones válidas realizadas en juicio», por lo que rechazó «todos los medios planteados por la defensa».
El esposo de Pilarte, Miguel Arturo López Florencio, alias Micky, y los hijos de la pareja, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, también enfrentan acusaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La acción judicial es un escarmiento de la justicia a aquellos “trepadores” que buscan insertarse en los partidos políticos para encubrir sus acciones ilegales de narcotráfico y lavado de activo-
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(El autor es periodista residente en Monte Plata, República Dominicana).
