Santo Domingo (República Dominicana).– La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) informó que presentó un sometimiento penal ante la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en contra de Víctor Castro Izquierdo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
Dijo que la decisión se produce a raíz de todos los escándalos y cuestionamientos en los diferentes medios de comunicación y programas de investigación, por los escándalos de corrupción y sobornos en el INABIE, además de informes de Contraloría y una investigación de oficio de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCCP), también arrojando irregularidades que llevaron a la suspensión de varias licitaciones.
El vicepresidente ejecutivo de la FJT, Máximo Calzado Reyes, manifestó que con esta denuncia penal, se persigue que la PEPCA inicie una investigación exhaustiva sobre todos los procesos de contrataciones públicas realizados por el INABIE, constituyéndose también en un signo de preocupación el que frecuentemente las actuaciones de Castro Izquierdo hayan sido cuestionadas en los medios de comunicación, por los oferentes, y los programas de investigación.
La FJT valoró como positivo que de oficio la DGCP, luego del escarnio haya decidido de oficio realizar una investigación, y mediante la Resolución RIC-0106-2025, haya establecido que en la Licitación Pública Nacional Número INABIE-CCC-LPN-2024-0012, llevada a cabo por el INABIE se constataron irregularidades en las cuales se ordena la nulidad de la adjudicación de varias empresas.
Dijo que por tales razones la DGCP en el referido proceso pudo identificar las violaciones del debido proceso, solicitando a INABIE que identifique a los servidores y funcionarios que hubiesen participado y permanezcan en la actual gestión, responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo.
Además, la DGCP manifestó que en atención a los indicios de presentación de documentación alterada o falsa en el marco del procedimiento de referencia, «este Órgano Rector tiene a bien advertir que iniciará de oficio el procedimiento administrativo sancionador correspondiente a la inhabilitación permanente de los proveedores identificados en la presente Resolución».
Asimismo la DGCP remitió el resultado de la investigación de oficio a las siguientes instituciones: i) la Contraloría General de la República y a su Unidad Antifraude; ii) la Cámara de Cuentas de la República Dominicana; iii) la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA); iv) al Ministerio de Educación (MINERD); v) a la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA), y; vi) a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG); para que en el marco de sus roles y competencias puedan realizar las investigaciones que les asiste la ley y la Constitución, y tomar las medidas que correspondan.
La FJT destacó que los escándalos en INABIE han llegado a tal magnitud, que la misma institución canceló 20 procesos de compras que ya habían sido adjudicados, y además destituyó a nueve empleados y funcionarios de la institución.
«Hacemos un llamado al ministro de educación, Luis Miguel de Camps para que, con carácter urgente e inminente, tome carta en el asunto, interviniendo INABIE como dependencia del MINERD y superior jerárquico, bajo el entendido de que una reiterada omisión ante las constantes denuncias y la intervención incluso de organismo oficiales como Compra y Contrataciones Públicas y la Contraloría, con informes y suspensión de licitaciones, lo convertirían en un eventual cómplice de los desafueros denunciados», señaló la Fundación Justicia y Transparencia.
