Santo Domingo (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Santiago de los Caballeros, que imponga 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra seis de los imputados de cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, apoyados en una estructura delictiva desmantelada con la Operación Discovery 3.0.
Además, pide ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, prisión preventiva para cuatro de los imputados reclamados en extradición por Estados Unidos.
Este viernes será conocida la medida contra Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña, y que ha sido presentada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago.
La Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente de Santiago fijó para las 4:30 de la tarde de este viernes la audiencia en la que el Ministerio Público solicita además que se declare el proceso como complejo por tratarse de un caso contra una estructura que operaba en el marco de la criminalidad organizada con una pluralidad de imputados y gran número de víctimas, sobre todo personas de avanzada edad, afectadas en Estados Unidos.
Los dominicanos Oscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García u Oscar Castaño García (Castaño), Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Edward José Puello García (Edward Puello) y Gerardo Heriberto Núñez Núñez (José Núñez Núñez) son reclamados en extradición por Estados Unidos.
Los cuatro enfrentan cargos de asociación delictuosa para cometer fraude postal y fraude electrónico y asociación delictuosa para cometer lavado de dinero.
La medida de coerción en Santiago fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público; Ramona Nova, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Quirsa Abreu, fiscal titular interina de la Fiscalía de Santiago, junto a los fiscales Joanna García y Claudio Cordero.
En la Suprema el proceso lo lleva el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio Público, quien explicó que la Suprema fijó la audiencia para la tarde de este viernes.
La investigación que puso en marcha esta semana la Operación Discovery 3.0 llevaba más de dos años en curso y permitió identificar un grupo estructurado que operaba a través de plataformas digitales para cometer delitos como fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero, utilizando en su mayoría personas de avanzada edad.
Con esta acción el Ministerio Público avanza en el combate a los delitos que enfrentó con las dos operaciones anteriores: Discovery y Discovery 2.0.
En la Operación 3.0 se ejecutaron 34 allanamientos en los que participaron 50 fiscales y 375 miembros de la Policía Nacional. Los allanamientos se realizaron en Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo. La operación, que se realizó en forma conjunta con la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional, cuenta con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigación (FBI), agencia que ejecutó, simultáneamente en Estados Unidos, allanamientos en California, Nueva York, La Florida, Maryland y Missouri.
