Redacción (ONU-PRESS).- Tras la crisis socioeconómica que está generando la pandemia de coronavirus, es más necesaria que nunca una reforma de los sistemas tributarios y reducir la evasión y el fraude fiscal garantizando una recuperación económica en la que todas las personas paguen la parte que les corresponda, afirma el Fondo Monetario Internacional.

Los impuestos se usan para pagar muchas de las actividades en las que se basa el funcionamiento de las sociedades en todo el mundo, como las escuelas, la atención sanitaria y los servicios sociales.

El dinero recaudado a través de los impuestos es crucial para el mantenimiento de estos servicios durante la crisis del COVID-19.  Sin embargo, el cierre de empresas y la consiguiente pérdida de empleos provocados por la pandemia ha provocado un desplome en la recaudación de los ingresos públicos.

Como medida de emergencia a corto plazo, los Gobiernos han aplicado planes de estímulo y una amplia gama de medidas para ayudar a la recuperación de empresas y ciudadanos.

La institución financiera supervisa estos programas, que van desde un fondo de 540.000 millones de dólares de la Unión Europea, que incluye financiación para ayudar a los Estados más afectados, a un programa de «dinero a cambio de trabajo» en Camboya o la reducción de seis meses en las facturas de  servicios tales como el agua y electricidad en Samoa.

Rescate financiero para 77 países

Simultáneamente, el Fondo puso a disposición de los países con economías en desarrollo fondos de emergencia para la COVID-19. El organismo financiero    destinó en concepto de asistencia financiera y alivio del pago de la deuda unos 250.000 millones de dólares para unos 77 países miembros.

Así, en abril aprobó la solicitud de Afganistán y le proporcionó, mediante un conjunto de medidas de ayuda de emergencia, unos 220 millones de dólares que servirán para ayudar a afrontar las perturbaciones comerciales que han dañado gravemente a la economía.

Otro país asiático, Bangladesh, recibió unos 732 millones de dólares en ayudas tras la caída en picado de la demanda de una de sus principales exportaciones, el sector textil.

Para evitar lo que el Fondo describió como una «perturbación económica inmediata y grave» a causa de la pandemia, Egipto recibió un paquete de más de 2700 millones de dólares en concepto de ayuda para aliviar algunas de las necesidades de capital más apremiantes.

Entre ellas se encuentran gastos sanitarios, protección social y apoyo a los sectores más afectados y a los grupos más vulnerables.

Sin embargo, a largo plazo, estas medidas provisionales no bastarán para solucionar muchos de los problemas de fondo de la economía mundial, entre los que figuran la creciente desigualdad dentro de los países y la capacidad de las empresas multinacionales para reducir al mínimo y de forma legal los impuestos de sociedades.

Sistemas tributarios más progresivos

La directora adjunta del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo y experta en tributación, Victoria Perry, dijo a Noticias ONU que, al planificar la recuperación tras la pandemia, los países deberían considerar la posibilidad de hacer frente a la desigualdad mediante la aplicación de sistemas tributarios más progresivos.

«Esto significa que la tasa impositiva media aumenta, a la par que los ingresos. La cuantía de la carga fiscal para los más ricos es algo que debe decidir cada país, pero es ciertamente problemático cuando los tipos impositivos aplicados a las personas más acomodadas son más bajos que para las más pobres. También suele ocurrir que las personas en mejor situación económica, y que cuentan con acceso a asesoramiento fiscal y a cuestiones financieras más sofisticadas, se aprovechen mejor de las exenciones o los vacíos legales del sistema tributario que las personas que sólo dependen de los salarios. El cierre de esas opciones puede hacer que el sistema sea más equitativo y, según el país, puede resultar más eficaz que las reformas estructurales de los tipos impositivos», explicó.

La creciente brecha entre ricos y pobres ya era motivo de preocupación antes de la pandemia de COVID-19.

Si bien la desigualdad ha disminuido entre los países, y en algunos como China se han hecho enormes progresos en el aumento de los niveles de ingresos durante las últimas décadas, la desigualdad dentro de los países parece aumentar.

Para Perry y el Fondo, los impuestos sobre la renta de las personas físicas desempeñan un papel fundamental a la hora de determinar la progresividad del sistema fiscal.

Perry añade que otra opción para algunos países en desarrollo con problemas para recaudar y aplicar un impuesto sobre la renta de las personas físicas, es considerar la posibilidad de gravar las propiedades: «si bien los ingresos son relativamente fáciles de ocultar, las casas de lujo son muy visibles, y delimitar un tope libre de impuestos significa que los propietarios de casas más baratas pueden quedar exentos o liberados de pagarla».

La desigualdad de ingresos difiere mucho entre países, pero los estudios demuestran que la creación de una sociedad más justa no consiste únicamente en redistribuir la riqueza, sino, como explica Perry, en aplicar medidas que ayuden a las personas a conseguir un trabajo sostenible y decente.

«La globalización ha afectado a todas las economías libres, pero los países que cuentan con sistemas eficaces de redistribución de impuestos y prestaciones sociales han podido evitar el aumento brusco de la desigualdad. Sin embargo, la redistribución por sí sola no es suficiente. Tiene que combinarse con un sinfín de otras medidas, como la recapacitación y los apoyos al empleo».

Por lo tanto, al pensar en equidad, es importante considerar ambos lados de la ecuación, no sólo los impuestos, sino también la forma en que se gasta el dinero para mejorar la vida.

La evasión fiscal y las multinacionales

Algunos estudios estiman que en los países más ricos alrededor del 10% de los ingresos en concepto de impuestos de sociedades “se pierden” por la evasión fiscal de las multinacionales. Se calcula que en los países en desarrollo las pérdidas son aún mayores con relación a los ingresos nacionales.

«Otro problema es que el sistema tributario internacional puede desplazar la base impositiva del país de origen”, dice Perry.

«Por lo tanto, si una empresa minera tiene su sede (residencia fiscal) en un país más rico, pero explota minas en una economía menos desarrollada (la del país de origen), puede darse la circunstancia de que este país no obtenga la mayor parte de los ingresos fiscales. Al hablar de una ‘distribución justa y equitativa’, muchos observadores se refieren a que los países de origen obtengan un mayor beneficio.

El actual debate a nivel internacional sobre la tributación de las grandes empresas de tecnología digital, muchas de las cuales tienen su sede en los Estados Unidos, es similar, pero la economía «digital» es incluso más difícil de tratar.

Pese a que estas compañías hacen negocios y ganan dinero en todo el mundo, donde su presencia es más virtual que física, en el marco del sistema actual los países no están autorizados a recaudar impuestos sobre los beneficios.

«Nos encontramos en esta enorme crisis económica, y los países tienen que realizar grandes ajustes en sus economías. Pero la desigualdad en sí misma es también una especie de gran problema mundial. Por lo tanto, esta también es una oportunidad para cambiar los sistemas tributarios a mejor, que sean más justos y equitativos, y de promover actividades económicas menos contaminantes y más sostenibles».